Ley contra la corrupción, préstamos, policía técnica de investigación y secreto bancario forman parte de la agenda que establecieron los jefes de Bloque.

Los jefes de Bloque no dejaron dudas en haber puesto punto y final a la interpelación del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, al definir una agenda cargada que será discutida en las sesiones extraordinarias programadas para el martes y miércoles de la próxima semana.

Entre los puntos a aprobar destaca la aprobación en primer debate (de los tres que se requieren para ser ley) el proyecto contra el enriquecimiento ilícito ahora conocido como ley contra la corrupción. También se menciona la aprobación de dos préstamos uno con Japón de $100 millones y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $35 millones.

Otro planteamiento que se incluyó en primera lectura son las reformas a la ley de armas y municiones, la cual busca ampliar el plazo para que las personas puedan registrar sus armas. En segundo debate está la propuesta para reformar la Ley de Bancos y Grupos Financieros que elimina el secreto bancario. La iniciativa daría potestad a la Superintendencia de Administración Tributaria para que pueda revisar las cuentas que muestren indicio de lavado de dinero y otros ilícitos.

Uno de los proyectos que podría convertirse en decreto está la Policía Técnica de Investigación, tema impulsado por la bancada oficial, el cual crearía un grupo élite que estaría a cargo del Ministerio Público. La iniciativa requiere para su implementación un presupuesto de Q80 millones, según cálculos del Ministerio de Gobernación.

Los jefes de Bloque decidieron que se declararán en sesión permanente para cumplir con la agenda acordada de manera que no exista riesgo que el Congreso vuelva a quedar paralizado por las interpelaciones que están en lista de espera. En la agenda también se incluyó definir hora y fecha de los juicios políticos contra los Ministros de Economía, Trabajo, Finanzas, Ambiente, así como los titulares de la Cartera de Desarrollo Social y Agricultura.

CONTRAATAQUE

Quienes parecen no haber dado vuelta a la página de la interpelación es la bancada Lider, quienes accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) y Ministerio Público (MP). En el caso del Máximo Tribunal Constitucional se presentó un amparo que busca restituir el juicio político ya que la agrupación argumenta que al reducir su participación a un minuto se violentó el artículo 166 de la Carta Magna en la cual se establece que la interpelación no puede limitarse puesto que es un derecho privilegiado.

“Esperamos que los magistrados hagan valer la Constitución”, explicó Villate. Agregó que las denuncias penales en el MP alcanzan a todos los diputados que avalaron limitar su participación a un minuto “Esperamos que se investigue y que se deduzcan responsabilidades”, resaltó.

Al consultarles a algunos diputados sobre si creen que se violentó la ley, señalan que esa  decisión solo le corresponde a la CC. “Yo no puedo emitir opinión deben ser los magistrados”, enfatizó el diputado Oliverio García Rodas. Igual opinión brindó el jefe de bancada de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira.

TRES MESES EN SUSPENSO

Ayer los diputados decidieron poner punto y final al juicio político contra el titular de la cartera del Tesoro, la cual había consumido casi tres meses de trabajo  impidiendo de esta manera  que se conocieran otros puntos de la agenda.

Casi 105 diputados aprobaron que Lider no se extendiera más allá del minuto en el uso de la palabra, esto provocó su molestia y optaron por el uso del megáfono para hacerse escuchar, estrategia que fue aprovechada para que el presidente del Congreso, Gudy Rivera leyera uno por uno el nombre de los congresistas en lista de espera y al no tomar la palabra dio por concluido el juicio político.

La estrategia de Lider es parecida a la que impulsó en su momento el ahora partido oficial, quienes en la anterior legislatura interpelaron a varios funcionarios siendo en ese entonces la del ministro de Gobernación, Carlos Menocal, la que más sesiones consumió. Se estima que su asistencia al pleno superó los tres meses.