La Comisión Europea propondrá el miércoles próximo instaurar sanciones mínimas en los 27 países del bloque contra los empleadores de inmigrantes en situación irregular por considerar que el trabajo clandestino es un factor poderoso de atracción de la inmigración ilegal.
Según un proyecto de directiva (ley), los 27 deberán prever sanciones administrativas, financieras y, en los casos más graves, penales para los empleadores de clandestinos que son ciudadanos de un país tercero.
Si bien todos los Estados miembros, con la excepción de Chipre, sancionan ya el trabajo ilegal, «sólo 14 prevén sanciones penales», explicó Friso Roscam Abbing, portavoz del comisario europeo de Justicia Franco Frattini.
«Además, la aplicación de sanciones es muy diferente según los Estados miembros», algunos más laxistas que otros, subrayó Roscam Abbing, lo que puede crear también distorsiones de competencia entre las empresas.
El proyecto de directiva prevé por otra parte disposiciones para que los inmigrantes puedan reclamar ante la justicia los salarios que les adeuden.
Si aceptan cooperar con la policía y regresar a sus países de origen, podrán recibir un permiso de residencia temporal para efectuar los trámites necesarios contra sus empleadores.
«Es un texto contra la inmigración ilegal, pero la filosofía es apuntar a los empleadores, no a los inmigrantes», aseguró Roscam Abbing. «Queremos luchar contra la explotación de inmigrantes clandestinos», agregó.
Según las estimaciones, entre 4 y 8 millones de personas residen de manera irregular en la UE, que cuenta con cerca de 500 millones de habitantes. Anualmente llegarían al bloque unos 500.000 clandestinos.
Este texto concierne únicamente los ciudadanos de países terceros, ya que la base jurídica no permite tratar los casos trabajadores europeos.
El proyecto de directiva deberá ser adoptado por mayoría calificada de los 27 Estados miembros y en codecisión con el Europarlamento.