Las sanciones que la Contraloría General de Cuentas (CGC) impusiera a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y diferentes asociaciones civiles que operan en el país, respecto al periodo 2011, suman Q24 millones 88 mil, correspondientes a las auditorías realizadas en las ocho regiones del país.
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El informe de auditorías, emitido anualmente por la entidad que controla la ejecución de los fondos que manejan dichas organizaciones, provenientes de transferencias financieras del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, corresponde a Q3 mil 132 millones que fueron fiscalizados en 154 auditorías.
Además, revela que resultaron 270 sanciones de control interno y 272 relacionadas con el cumplimiento de la ley y 11 denuncias ante el Ministerio Público (MP), con un monto de Q13 millones 521 mil.
La totalidad de las sanciones y denuncias del ejercicio fiscal 2011 representa una disminución del 63.14 por ciento, con respecto a las sanciones y denuncias emitidas por este órgano en el ejercicio fiscal 2010, cuando las sanciones y denuncias contemplaron Q65 millones 353 mil, de 160 auditorías realizadas.
Es el Área Metropolitana la que más cantidad de denuncias presenta con un 64 por ciento la región central, el 12 por ciento la región del suroccidente, un 9 por ciento la región norte con un 6 por ciento de estos reparos en su ejecución presupuestaria.
El informe de auditoría de la ejecución presupuestaria del año pasado arrojó varias anomalías en distintas entidades. Las denuncias penales alcanzan Q1, 170 millones, a esa cantidad se suman Q15 millones por formulación de cargos y Q289 millones en sanciones dando un monto total de Q1, 475 millones.
Además, el mal manejo de fondos, la resistencia de ser auditados, y reglones de trabajo no ejecutados son algunos motivos de denuncia que la CGC impusiera a 11 ONG.
Entre las entidades sancionadas se encuentran Asociación Generando Desarrollo con una sanción de Q5 millones 341 mil, el Comité Central de Acción Social con un monto de Q2 millones 28 mil, así como Asociación de Proyectos de Huehuetenango, Q2 millones 379 mil.
Según Marvin Flores de Acción Ciudadana las sanciones son correctas, pero se debe ir más allá, es decir que las sanciones de este tipo, financieras, que impone la Contraloría “se han convertido como una costumbre”, es decir que no tienen un impacto mayor en el efecto del gasto público.
Flores explica que al poner las sanciones, las personas que son sancionadas pueden entrar en un proceso para rebajar el monto de estas multas y llegar a ser rebajadas hasta en un 90 por ciento, “cuestión que no depende de un proceso técnico, sino de un criterio discrecional de la Contralora”, ya que es ella la que tiene la potestad para rebajar estas multas.
Además, indica que estas sanciones muchas veces se ponen con el objetivo también de fortalecer los ingresos propios de la Contraloría, ya que ese dinero que se paga entra como ingreso propio de dicha entidad.
Señala que más que poner sanciones la Contraloría debería buscar nuevos mecanismos que de la mano de estas amonestaciones pueda generar un mayor impacto en el gasto público, porque es evidente que las sanciones por sí solas no las ha generado nada.