Pese a los constantes robos de celulares que se registran el tema de registro móvil sigue sin encontrar eco en el Congreso.

Organizaciones que aglutinan el Movimiento Pro justicia (MPJ) censuraron al Estado por su indiferencia y la falta de interés en el tratamiento de fenómenos criminales que afectan a grandes segmentos de la población.

Muestra de ello es el robo de celulares que afecta diariamente a miles de guatemaltecos. “Todos conocemos a alguien que ha sido víctima de robo”, señaló Eleonora Muralles, de la Fundación de Familiares y amigos contra la delincuencia (FADS). Aunque no manejan datos más recientes se calcula que se roban 30 móviles cada hora.

En tanto, Carmen Aída Ibarra, directora del MPJ, indicó que causa indignación que las instituciones del Estado carezcan de voluntad política para actuar con independencia y autonomía frente a organizaciones y grupos de poder económico, pese a las muertes que se registran.

“No quieren pelearse con grupos de poder aunque el problema esté cobrando la vida de miles de guatemaltecos”, denunció.

Las entrevistadas coincidieron en la necesidad que el registro de celulares quede legislado, ya que esto podría frenar el flagelo que sigue afectando al país. Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, manifestó que en el territorio circulan unos 20 millones de celulares, de esa cifra el 70 por ciento son tarjeteros.

La importancia de la ley que crea el registro es que los operadores no podrán habilitar celulares denunciados como robados, eliminaría el anonimato que hoy favorece a los delincuentes y daría herramientas para que las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y el Organismo Judicial puedan enfrentar de manera más eficiente el robo de celulares, la extorsión y el secuestro.

Dada la importancia, demandan al Ministerio de Gobernación, al Congreso y al Ministerio Público que asuman los retos y desafíos que entrañan el ejercicio del poder público. A los altos funcionarios que actúen con independencia y autonomía y a las empresas de telefonía celular que sean consecuentes con sus clientes y apoyen al Estado, para que por la vía institucional se logre desincentivar fenómenos criminales.

Proyecto sin eco

Obligar a las compañías telefónicas a crear un registro es el punto que sigue generando rechazo. Muralles reveló que se muestran anuentes a apoyar el proyecto de ley toda vez no se incluya ese punto “Una ley sin registro no será una ley”, alertó la activista.

Esta renuencia se suma al desinterés de los bloques ya que hasta el momento, el tema parece no estar en la agenda prioritaria de los partidos. El dictamen del proyecto presentado por el exdiputado Francisco Contreras no logró apoyo, lo que motivó a crear una mesa técnica para intentar consensuar con todos los actores un nuevo marco legal, pero hasta el momento no hay avances.

Por ello, la diputada Nineth Montenegro decidió semanas atrás presentar un proyecto que crea cinco nuevos delitos. El jefe de bancada de esa agrupación, Leonel Lira, adelantó que ese tema será propuesto en la sesión de jefes de Bloque programada para el próximo lunes.

El tema del robo de celulares se intentó combatir en 2007 cuando se empezaba a perfilar como un problema, ahora el Estado y la sociedad requieren de una “legislación más integral, porque esos simples robos se convirtieron en un fenómeno sin control, fuente de violencia, muertes atroces y mucho temor”, concluyó Ibarra.