Debo empezar por señalar que al referirme a la necesidad imperiosa y urgente de realizar reformas políticas en el Estado, no me refiero al término de «política de partidos» o de «partidos políticos», que no solo sería inútil sino redundante tocar un tema que a los mismos políticos que controlan el Estado les desagrada porque se afectan sus propios y particulares intereses, debido a que el sistema clientelar y pasajero de los grupos políticos nacen, crecen y mueren para despedazar al Estado y que sus integrantes se conviertan en millonarios robando todo lo que pueden gracias a leyes casuísticas, obsoletas, inoperantes y hechas a la medida de los corruptos y de la impunidad.
No. A lo que me refiero es a políticas públicas institucionales que deben establecerse mediante parámetros constitucionales que enuncien las reformas que el Estado requiere para que FORZOSAMENTE tengan que ser desarrolladas en leyes específicas CONFORME A LAS NORMAS QUE LA CONSTITUCIÓN, COMO LEY SUPREMA, LES SEÑALE. De ahí que aplauda y apoye la decisión de reformar al Estado a través de reformas constitucionales totalmente indispensables, sin que ello implique NI LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE porque de momento no existe necesidad de reformar el capítulo consagrado a los derechos humanos, ni tampoco sacar de la manga reformas hechas a la medida de personas o grupos como ya se rumora sobre la posibilidad de permitir la reelección presidencial, a lo cual ME OPONGO ROTUNDAMENTE. Si a duras penas aguantamos a un presidente cuatro años, qué haríamos con uno que estuviera ocho o más años en el poder. Esto tal vez será posible en un futuro, cuando el país haya avanzado en todos los órdenes de su vida institucional, que implica eliminar compra de voluntades y votos.
Debo también indicar que si toco el tema no lo hago solo por ser abogado y ex catedrático de cursos de derecho constitucional, que lo académico no se valoriza tanto como la experiencia. Y en ese sentido he tenido el honor de trabajar 20 años en el Ejecutivo, ocho en el Legislativo, dos en el Judicial y también en la iniciativa privada como en la poderosa Asociación Nacional del Café, en donde laboré durante 10 años. Es decir, he estado dentro de las fauces de los lobos y conozco las interioridades de sus infiernos.
Se ha repetido hasta la saciedad que Guatemala es un Estado fallido o bien, como afirmo en lo personal, lo considero un Estado agonizante en donde se han perdido los principales valores que lo sustentan, empezando por el respeto a la vida, que se establece como una de sus principales obligaciones en la Carta Magna.
Las reformas constitucionales deben plantear entonces, de manera puntual y clara, los principales cambios a las políticas que se siguen en todas las áreas que al mismo Estado competen como establecer una Política de Seguridad, profesionalizando, valorizando, y dignificando a las instituciones que deben velar por ella, como son la Policía Nacional Civil, el Ejército nacional, el Ministerio Público y sobre todo la administración de justicia, no solo en el área penal, sino en lo civil, familiar, etcétera. Hay que hacer cosas que no pueden dejarse para mañana. Las reformas deben establecer una coordinación eficaz entre todas estas instituciones para que funcionen conjuntamente y deben dar las normas y formas mínimas para que pertenezcan a ellas elementos que tengan atributos especiales para servir al ciudadano y no permitir leyes que sean los principales andamiajes de la prostitución institucional como la Ley de la Carrera Judicial o la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas (en donde se fijan multas de Q1.000,000 y el contralor tiene la facultad de rebajarlas a Q100.00) o las «sanciones» ridículas que la Ley de la Carrera Judicial impone a magistrados, jueces y auxiliares totalmente corruptos: deben establecerse nuevos procesos de selección de los principales dirigentes de las instituciones y esquemas sobre su funcionamiento.
En las áreas de políticas de salud y educación deben establecerse porcentajes específicos e ineludibles para que no solo los escasos centros de salud y enseñanza y salud funcionen adecuadamente sino se construyan más, dotándolos de personal adecuado y material suficiente. Debe establecerse una directriz también ineludible para una política de vivienda y salubridad, así como de elementos que coadyuven a la nutrición de los pobres y al trabajo de los más necesitados.
El área política es otro de los temas más interesantes, y el Grupo Pro Reforma planteó algunas cosas que son interesantes aunque en lo personal me opongo a la gran mayoría de su contenido pero creo que deben darse mecanismos básicos para la normatividad de la fundación y funcionamiento de los partidos políticos, del Tribunal Supremo Electoral, y sobre todo, que los diputados sean electos directamente, tal como ocurre con el Presidente y Vicepresidente y los alcaldes, y que se celebren elecciones cada dos años para renovar al Congreso y las Municipalidades, pudiendo ser reelectos por un período similar, así se premiará o castigarán sus actuaciones si se da una cultura política y concientización ciudadana; debe permitirse, bajo determinadas circunstancias, que se pueda VETAR el mandato del Presidente y Vicepresidente por causas totalmente justificables y comprobables; no se debe dejar en manos de «comisiones de postulación» y en el Congreso (un ente politizado y corrupto), la elección de importantes cargos como los Magistrados de la Corte y Salas de Apelaciones, el Fiscal General, el Contralor General de Cuentas y el Procurador de los Derechos Humanos y también, como elemento indispensable, debe cambiarse el sistema de nombramiento de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad en donde NO participen al menos, ni el Congreso, ni el Presidente de la República, ni la Corte Suprema, ni el Consejo Superior Universitario, porque estos dos entes se encuentran altamente politizados por elementos desgastantes y nocivos de la política nacional.
Como toda reforma, lo que se requiere para hacerla efectiva es plata, por lo que deben darse lineamientos específicos sobre la tributación fiscal para que los que tienen más paguen más, no solo como enunciado, sino con directrices claras y precisas a quienes tienen la tarea de recaudar los impuestos y no hacer, como está haciendo el actual gobierno por instrucciones precisas de sus jefes del sector privado, de ‘trabar’ a los pequeños contribuyentes y que los grandotes roben el IVA y demás impuestos sin problema de ninguna especie.
La discusión sobre las reformas constitucionales del Estado se empiezan a discutir, habrá tiempo más adelante para por lo menos, dar a conocer ideas aunque, por supuesto, no sean tomadas en cuenta o si se toman, aparecerán que las hizo algunos de los miembros de la rosca presidencial para seguir disfrutando de las mieles del poder.
ADIÓS, MONSEÑOR QUEZADA TORUÑO. Tuve el honor de ser representante del Gobierno, nombrado por el presidente Ramiro de León Carpio, para trabajar al lado de la Conferencia Episcopal y con la colaboración de los ministros y funcionarios de la época, para preparar y coordinar la visita de Su Santidad Juan Pablo II, lo cual fue uno de mis mayores orgullos. Un mes después la Conferencia Episcopal me ofreció un almuerzo y al despedirnos con Monseñor Rodolfo Quezada Toruño me dio unos rosarios y unas fotos enmarcadas, bendecidas por Su Santidad, y me dijo, abrazándome, «lo quiero mucho». «Yo también a usted, Monseñor», contesté y me duele mucho su partida aunque esté al lado de Dios. Mi respeto y cariño, ayer, hoy y siempre. Para sus deudos, en especial a Fernando el Palillo Quezada, y al Pueblo de Guatemala, mis sinceras condolencias; se perdió a un artífice de la paz.