La reforma constitucional realizada en tiempo de Ramiro de León Carpio demostró lo fácil que es usar ese recurso para asegurar ventajas y privilegios a sectores poderosos. La prohibición para que el Banco de Guatemala, como cualquier banco central del mundo, pudiera financiar al Estado, perseguía concentrar en la banca privada el lucrativo negocio.

Los mismos promotores de esa espuria reforma están ahora ya participando en la nueva intentona para desarrollar una Constitución a la carta en la que se concentren nuevamente más privilegios bajo el argumento de que se está buscando la reforma del Estado, no obstante que salta a la vista que estamos frente a la poderosa influencia de sectores de mucho poder que sienten haber perdido hegemonía en el actual marco legal.

Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que el modelo político de Guatemala está agotado y que la corrupción generó tal nivel de deterioro institucional que hace realmente inútil al sistema. No importa quién ejerza el poder ni cuáles sean sus intenciones, porque la madeja macabra de la corrupción y el clientelismo están a la orden del día y secuestraron el llamado modelo democrático para poner al país al servicio de intereses deleznables. La forma en que se prostituyó el ejercicio de la política por el tremendo poder de los financistas acabó con la posibilidad de una efectiva transición a la democracia y realmente hace falta un cambio profundo para intentar el rescate de la Nación, pero en las actuales condiciones nos enfrentamos a un profundo y serio dilema, porque el cambio no se puede hacer sin depender de los poderes fácticos que serán determinantes, en todo caso, a la hora de elegir constituyentes.

Es tan grave el panorama que hasta la misma reforma, supuestamente orientada a acabar con lacras como la de los financistas e interferencias de poderes fácticos que han corrompido la justicia para mantener la impunidad, está siendo diseñada con mentalidad influenciada y marcada por esos mismos poderes de los que debiéramos tratar de librarnos. Ya están presentes los que en el pasado se ocuparon de velar por los intereses del poderoso sector financiero y no hay razón para suponer que ahora actuarán con visión patriótica y no al servicio de sus propias ambiciones como lo hicieron en la última reforma.

No es pecar de excesivo pesimismo ver cuesta arriba el proceso de transformación que Guatemala necesita, porque ocurre que justamente en los centros neurálgicos del poder y donde se toman las decisiones, están incrustados los celosos guardianes de los poderes paralelos responsables del descalabro institucional que nos impide trabajar en busca de consensos para definir un modelo de nación incluyente, que ofrezca oportunidades a todos los habitantes del país y, sobre todas las cosas, que nos equipare absolutamente a todos ante la majestad de la ley.

Entiendo que no puede haber una reforma químicamente pura y que siempre habrá interferencia de poderes fácticos porque eso ocurre y ocurrirá siempre. Pero cuando el manejo del proceso se encomienda a los representantes de tales poderes, podemos dar por sentado que tendremos una Constitución a la carta, en la que se han de despachar con la cuchara grande porque controlarán todo el proceso, desde sus inicios hasta la aprobación final.

Yo creo que la elección de la Constituyente de 1985 fue más abierta y menos condicionada por financistas y poderes ocultos de lo que será la elección de cualquier constituyente en nuestros días, cuando ya la política está marcada por ese clientelismo y por los intereses de los que ponen el dinero para realizar la propaganda. Y preocupa que para componer defectos evidentes de aquella Constitución, resultemos con una en la que el remedio sea peor que la enfermedad.