En los últimos días la necesaria reforma electoral y otros temas importantes han pasado a un segundo plano. La eventual reforma de la Constitución Política de nuestra República ha ocupado los principales espacios en todos los medios de comunicación y se ha vuelto un tema de discusión en redes sociales y en eventos públicos y privados. Y es que nuestra Constitución ha llegado con cierta dificultad a sus 27 años.
Nuestra Constitución es muy específica en una variedad de aspectos, pues en el tiempo en que fue redactada, se hacía muy necesario limitar el poder del Ejecutivo, especialmente del Presidente, que hasta entonces podía dirigir al país a su antojo. También era necesario limitar el poder de la fuerza pública, para evitar las constantes violaciones a los derechos ciudadanos que en esa época se daban.
Por medio de ella crearon instituciones públicas como la del Procurador de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral; y fortalecieron otras como la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas, para que como órganos de control, fueran otros contrapesos dentro de la dinámica de separación de poderes de nuestro sistema republicano de Gobierno.
El hecho de que nuestra Constitución sea tan específica, ha llevado a que muchos de sus artículos sean hoy por hoy un tropiezo para la modernización del Estado. Ese ha sido el punto de partida para que desde hace mucho tiempo se hable de reformarla, para hacerla más dinámica y actual.
En lo personal creo que sí es necesario reformarla, pero siendo muy cuidadosos de no perder las cuestiones valiosas que contiene. Y para poder realizar esas reformas, es necesario tomar en cuenta que ella misma nos dicta el procedimiento requerido para su modificación. Una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se debe convocar únicamente para reformar la llamada parte dogmática, colocándose en el decreto de convocatoria cuáles son los artículos específicos a modificar.
Para reformar la parte orgánica, el procedimiento es a través de la aprobación de las modificaciones por parte del Congreso de la República con el voto de dos terceras partes de sus integrantes, y la ratificación de las mismas a través de una Consulta Popular debidamente convocada por el Tribunal Supremo Electoral.
No es nada más de soplar y hacer botellas, como popularmente se dice. Reformar nuestra Constitución requiere de un procedimiento formal y específico que debe ser respetado. En los últimos días se ha hablado de llamar a una ANC para que la reforme en todas sus partes, hay quienes dicen que según el procedimiento eso no es correcto, hay otros que indican que la Asamblea sigue siendo el órgano más alto que puede finalmente hacer lo que quiera.
Los guatemaltecos debemos estar atentos a lo que los políticos quieran hacer con nuestra Constitución, pues con su reforma podrían impulsar el desarrollo del país, o todo lo contrario, sumirnos en un mayor atraso que el que ya tenemos.
Es por eso, que debemos exigir al Congreso la aprobación de reformas funcionales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que entren en vigencia antes de la eventual convocatoria de una ANC. Pues es necesario que los diputados que elijamos para ese órgano o para futuras legislaturas sean legítimos representantes de los ciudadanos y no de los partidos políticos o en el peor de los casos de grupos criminales.
Nuestro Tribunal Supremo Electoral debe tener las herramientas necesarias para poder controlar y auditar la campaña electoral y también para poder castigar ejemplarmente a quienes transgredan las normas, y así evitar que el dinero ilegítimo siga penetrando el sistema.