Magistrados del Tribunal de Sentencia de Santa Cruz del Quiché, acompañados de elementos del Ministerio Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un reconocimiento judicial en las instalaciones de un bien inmueble que es reclamado por la Alcaldía indígena de Chichicastenango del que se considera legítima propietaria.

A decir de un vocal del Tribunal de Sentencia de Santa Cruz del Quiché, Walter Álvarez, la diligencia fue realizada para dar cumplimiento a una orden emanada por la Corte de Constitucionalidad, en la que a partir de ahora la empresa Telgua, que actualmente ocupa el edifico, puede hacer uso de él, aunque el amparo es provisional, pues el proceso continúa.

El inmueble, ubicado en la 7ª avenida de Chichicastenango, había sido intervenido por un juzgado de Quetzaltenango, pero ni la empresa ni la alcaldía indígena  podían ingresar, por lo que desde ese entonces el municipio no contaba con el servicio de telefonía fija, perjudicando a una población de más de 100 mil habitantes.

Durante la diligencia, la abogada defensora de la alcaldía indígena, Rubi Ralios, manifestó que realizaron todos sus esfuerzos porque se devuelva a la población su patrimonio y comentó que están dispuestos al diálogo; por  lo que no presentaron ninguna  resistencia al cumplimiento de la orden judicial como equivocadamente se manejó días antes.

Agregó que de momento nadie tiene posesión definitiva del inmueble y aunque desde ahora Telgua tiene acceso libre, ninguna de las partes tiene derecho de propiedad, aunque según los líderes indígenas, tienen en su poder los títulos de propiedad que datan desde 1901.

Por su parte, el abogado de la empresa, Mario Falla, dijo que con este amparo se pretende restablecer el servicio telefónico a la población, suspendido desde hace varios meses, aunque después del reconocimiento judicial se constató que el equipo ha tenido una serie de daños, además del robo de todo el material de cobre, por lo que la población tendrá que esperar más tiempo, pues primero se realizará un inventario de los equipos.

Ante los aparentes robos y destrucción de la central telefónica, los representantes de la alcaldía indígena solicitaron al tribunal constatar que si bien ellos habían circulado el inmueble con láminas, no tenían acceso a las instalaciones pues desde su cierre estaba en manos de la empresa, por lo que para determinar si hubo sustracción u otros actos vandálicos debe iniciarse otra investigación;  por de pronto, Chichicastenango lleva más de medio año sin telefonía fija.