Cada vez resulta más complicado comprobar la honradez, transparencia y capacidad de los funcionarios. Si bien el finiquito es un requisito obligatorio no siempre garantiza la probidad de quienes administran los recursos del Estado.
AGONZALEZ@LAHORA.COM.GT
Mantener a Jorge Villavicencio como titular del Ministerio de Salud, pese a los reparos en la Contraloría General de Cuentas y presionar para que lograra su finiquito en un tiempo récord, es un ejemplo de que el tema de probidad sigue guardado en un cajón.
A la lista se suman varios funcionarios que parecen haber olvidado lo que establece la Ley de Probidad que, para asumir un cargo público es necesario presentar finiquito. Sin embargo, esta situación parece ser solo la punta del iceberg de un tema más complejo.
La debilidad de los partidos políticos y su falta de democratización parecen ser algunos de los factores que alimentan la corrupción en el Estado, ya que muchas veces sus dirigentes y financistas solo buscan sacar provecho de las instituciones cuando llegan al poder y dejan por un lado la obligación que tienen como ciudadanos.
“Creo que el problema no es de leyes sino de personas”, señala el diputado José Alejandro Arévalo. Para el legislador, las normativas pueden contribuir a mejorar la situación, aunque no siempre lo garantizan: “A una persona podemos darle una caja con dinero y si es proba no lo tomará, pero si una persona no lo es, de nada servirá ponerle cinco candados ya que siempre la abrirá”.
Arévalo considera que la solución debe darse en varios ámbitos. En primer lugar, la democratización. “Estoy convencido de que muchos guatemaltecos tienen la intención de hacer bien las cosas, pero no tienen los recursos y el tiempo para participar en un partido, ya que dedican su tiempo a sobrevivir”, indicó.
Por ello, es importante que el financiamiento de los partidos provenga del Estado, para que los ciudadanos que no tienen recursos puedan involucrarse en la política. A esto debe sumarse un ente fiscalizador que obligue a la transparencia a través del cumplimiento de la ley, sugiere el parlamentario.
Actualmente, la Comisión legislativa de Asuntos Electorales está recogiendo las posturas de la sociedad civil para incluirlas en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para mejorar la participación ciudadana y aumentar los controles para quienes participan en política.
LEYES COMO HERRAMIENTAS
Algunos consideran que las leyes pueden ser buenas herramientas, que si se cumplen, pueden contribuir a mejorar el funcionamiento del Estado. Para el diputado Carlos Barreda, de la Comisión legislativa de Transparencia, establecer la honorabilidad de quienes administran los recursos es un tema muy subjetivo, por lo que comprobar su probidad depende de la falta de juicios pendientes.
Si bien, el finiquito parece ser un requisito poco confiable, mejorar la normativa ayudaría a que situaciones como la ocurrida con Villavicencio y otros funcionarios no vuelva a repetirse. El congresista señala que la Comisión evalúa la Ley de probidad y servidores públicos para mejorarla. “Contemplamos sanciones y declaración de probidad para todos los funcionarios”, adelantó.
Considera que mejorarán los controles, si junto con esta normativa se aprueban la ley contra la corrupción, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el proyecto de ley que regula el secreto bancario. “Si existen herramientas, los funcionarios se sentirán obligados a mejorar su papel como servidores del Estado”, destacó.
Para el abogado Gabriel Orellana las mejores leyes no servirán sino existe voluntad por cumplirlas. “Un marco legal no es garantía que las cosas van a cambiar. Para que funcionen se necesita la voluntad de los individuos y de los grupos políticos para que se cumplan”, resaltó.
A su criterio, el Estado podría funcionar con cinco leyes. “Si hay voluntad que funciona… se hará. No vemos esfuerzo de las autoridades para tratar de desarrollar el Derecho de las leyes existentes”, concluyó.
LA FISCALIZACIÓN
Al momento de contar con las leyes, es importante el papel de la sociedad civil, así lo asegura el politólogo Renzo Rosal, quien sostiene que el tema de probidad ha cobrado mayor importancia, por lo que ahora se escuchan con más frecuencia los escándalos y señalamientos, “Cada vez hay más gente que su probidad se encuentra totalmente cuestionada”, indicó.
Asegura que años atrás, era más común contar con funcionarios honorables. Y aunque las leyes son importantes, el papel fiscalizador lo es aún más. “Hecha la ley, hecha la trampa”, señala. Es necesario que la ciudadanía conozca las implicaciones de no contar con funcionarios probos.
Desde que los partidos políticos buscan ganar una elección, deben mejorar los mecanismos de control para elegir a sus dirigentes. “Existe mucha improvisación de los candidatos” por ello nos encontramos con autoridades que no cuentan con los requisitos y asumen los puestos sin cumplir con los requisitos de ley.
Para el experto, el panorama se pinta negativo. “Hoy lo que tenemos son claras amenazas, hay espacios negros y espacios grises; se deben tomar en serio estos temas, ya que dentro de pocos años se hará una nueva elección que podría ponernos en trapos de cucaracha” concluyó.
“Tienen que hacerse reformas políticas de fondo”
Virgilio Álvarez, doctor en Sociología y director de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (Flacso), explica su opinión sobre cómo se debe entender la probidad y las fallas en el sistema actual de transparencia.
¿Cómo garantizar la probidad de los funcionarios?
Debemos proteger los mecanismos de control. Los funcionarios públicos deben ser de carrera que no puedan ser cambiados. Los gobernantes para ejercer sus planes de acción dejan el tema de probidad como última exigencia. En el caso del señor Villavicencio no ha sido condenado, pero estaba en juicio, tenía muchos reparos. Vemos en esta gestión un reciclamiento de funcionarios de la gestión de Portillo y Óscar Berger.
¿Qué papel juegan las autoridades?
Se necesita que tengan mucha voluntad política. Aunque las personas sean los mejores, pero si no llenan los requisitos es mejor esperarse hasta que los tengan. Se habla que todo surge de la debilidad de los partidos políticos
¿Tienen alguna participación en este problema?
Tienen que hacerse reformas políticas de fondo, pero debemos reconocer que es un proceso que lleva tiempo. Una sociedad democrática no se logra de la noche a la mañana.
¿El finiquito es un buen parámetro para medir la probidad?
No es suficiente. Es un requisito legal, pero todo se limita a papeles que se pueden amañar, eso es lo complicado. La sociedad civil y los medios de comunicación son actores importantes para el papel fiscalizador. También es necesario que se hagan reformas a la ley del Organismo Ejecutivo para que se aumenten los requisitos de las personas que asuman cargos en la administración pública.
REFORMAS
Luego de lo sucedido en esta administración, la Comisión por la Transparencia evalúa modificaciones a la ley de Probidad y funcionarios públicos. El vicepresidente de la sala de trabajo, Carlos Barreda, señaló que buscan imponer sanciones para quienes incumplan con presentar el finiquito y se establecerá que la declaración de probidad sea obligatoria para todos, sin importar el rango salarial.
“Estos puntos necesitan que la Contraloría tiene la capacidad para tener un registro electrónico, por lo que estamos viendo que la declaración sea actualizada”, señaló el congresista.
El proyecto sigue siendo evaluado y espera lograr el dictamen conjunto con la Comisión de Probidad. El diputado considera que este proyecto debe ir de la mano con iniciativas como las que fortalecen el campo de acción de la Contraloría así como el proyecto que busca combatir el enriquecimiento ilícito y la que elimina el secreto bancario.
POCO CONFIABLE
Actualmente los requisitos que establece la ley para optar a un cargo público son presentar el documento que establece la falta de deudas pendientes con el Estado y una declaración jurada para quienes devenguen más de Q10 mil.
Pese a esa obligatoriedad, el Ejecutivo ha designado a varios funcionarios que no cuentan con el documento. Aunque luego de la destitución de Mario Osorio como viceministro de Cultura, Otto Pérez anunció que sería un requisito para tomar posesión.
Con el caso de Jorge Villavicencio el discurso cambió, ya que aseguró que la Constitución establece que los requisitos para ser funcionario son tener más de 30 años, ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos. Y aunque la ley de probidad es la que establece el finiquito como requisito, señaló en ese momento, que la Carta Magna está por encima de cualquier ley.
Hasta el momento, se menciona que Fredy Viana, Director de Migración; y el Viceministro de Seguridad Alimentaria, José Linares, tampoco cuentan con el documento.
Gabriel Orellana
Abogado