Administrar la justicia es una de las funciones esenciales del Estado y dentro de ello la aplicación de las penas impuestas por los tribunales de justicia es una de las responsabilidades inherentes. El tema, lamentablemente, se ha politizado porque el último director de Presidios fue catapultado a la candidatura presidencial por sus éxitos en el manejo del tema y ahora, cuando el Ministerio de Gobernación señala que el sistema penitenciario está en un «colapso total», es indiscutible que el tema tendrá repercusiones de polí­tica electoral, aunque no fuera esa la intención del Gobierno.

Justo es reconocer que el Ministerio de Gobernación ha dado un paso importante en la dirección correcta porque cualquiera hubiera pensado que para evitar desgaste al candidato oficial se pudo haber postergado la divulgación del informe sobre las condiciones catastróficas que prevalecen en las cárceles del paí­s, carta de presentación del doctor Alejandro Giammattei. En otros gobiernos, si acaso, se hubiera divulgado ese informe después de las elecciones para tratar de resolver el problema, pero reconociendo su aguda gravedad, el Gobierno ha dispuesto declarar el colapso para pedir al Congreso que apruebe de inmediato y de emergencia las erogaciones que hacen falta para construir nuevos presidios.

Muchas veces criticamos la forma en que para proteger intereses polí­ticos se manipulan hechos y se ocultan verdades, pero en este caso es justo hacer un reconocimiento al Gobierno y concretamente al Ministerio de Gobernación y a su titular, Adela de Torrebiarte, en el sentido de que no postergaron el problema y tomaron la decisión de entrarle de lleno y de inmediato, aunque ello pueda dañar las aspiraciones polí­ticas del oficialismo porque, si recordamos bien, fue el «exitoso manejo» de la Dirección de Presidios lo que levantó la imagen de su candidato presidencial y el informe ahora rendido, señalando ese colapso total, es lapidario porque evidencia que no hubo realmente solución a los graves problemas que aquejan a las cárceles del paí­s durante la administración del hoy postulado.

Y dentro del esfuerzo que deben hacer todos los partidos polí­ticos para avanzar en un proceso de reforma del Estado, apuntalar todo lo relacionado con el sector justicia, es decir la PNC, el Ministerio Público, los tribunales de justicia y el sistema penitenciario, es una de las prioridades. Ojalá que los partidos no quieran centrar ahora su visión en cómo sacar raja del golpe sufrido por la imagen del candidato oficial, sino que se ocupen por aprobar de urgencia nacional las erogaciones necesarias para que se hagan los cambios indispensables. Aunque reconocemos que es virtualmente imposible evitar la politización de este «colapso total», su aceptación por el Gobierno implica un gesto de mucha madurez y de seriedad en el manejo de los temas de interés nacional, anteponiéndolos a su propia agenda electoral.