El informe que realizó la Contraloría General de Cuentas referente a la ejecución presupuestaria de 2011 señala varias irregularidades, por lo que la entidad presentó denuncias penales al Ministerio Público.

El informe de auditoría de la ejecución presupuestaria del año pasado arrojó varias anomalías en distintas entidades. Las denuncias penales alcanzan Q1,170 millones, a esa cantidad se suman Q15 millones por formulación de cargos y Q289 millones en sanciones dando un monto total de Q1,475 millones.

El estudio entregado al presidente del Congreso, Gudy Rivera, detalla la fiscalización de entidades de la administración central, municipalidades, fideicomisos y entidades especiales. En el caso del área gubernamental resalta la Secretaría de Bienestar Social con denuncias por Q96 millones puesto que adquirió alimentos sin evidencia de beneficiarios.

Le sigue el Ministerio de Salud Pública con Q84 millones y Ministerio de Agricultura con Q34 millones por la contratación de personal sin disponibilidad presupuestaria. En el listado también se encuentra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con Q19 millones por compra de medicamentos sobrevalorados, explicó la titular de la Contraloría, Nora Segura.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo no escapan a las anomalías y se registra el caso de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Santa Rosa por Q67 millones por obras construidas en terrenos privados.

“Esta es una pequeña muestra de lo que nosotros entregamos al Congreso de la República”, resaltó la funcionaria.

Municipalidades

Varias comunas fueron señaladas de no contar con documentación que soporte los gastos realizados, así lo detalla en informe presentado por la Contraloría. “La administración municipal ha sido complicada pese a recibir constantes capacitaciones por parte de la Contraloría, las cuales van encaminadas a la orientación del manejo eficiente de los recursos. Sin embargo, incurrieron en malos manejos”, resaltó Segura.

La investigación detalla que la municipalidad de Chimaltenango alcanza denuncias por Q27 millones y la de Antigua Guatemala por Q28 millones. En el primer caso se debe a la falta de documentos que respalden los gastos, mientras que en el segundo se debe a egresos sin comprobar destino de fondos, pagos en efectivo y cheques a nombre de funcionarios de la entidad.

También se detalla una malversación de fondos en la comuna de Villa Canales por Q20 millones y modificaciones presupuestarias sin autorización por Q16 millones en la municipalidad de San Juan Olintepeque.

El documento también muestra la auditoría de 61 fideicomisos entre ellos: Mi Familia Progresa por Q491 millones por obligaciones sin techo presupuestario, en el caso de la Unidad Ejecutora de Conservación – Covial se registra Q1 millón 699 mil por obras no autorizadas.

Urge fortalecer la legislación

Luego de conocer de forma preliminar el contenido del documento, la Comisión por la Transparencia solicitó una copia del documento. Para el vicepresidente de esa sala de trabajo, Carlos Barreda, los hallazgos muestran la urgencia de fortalecer las leyes.
 
“Se confirma la necesidad de una agenda prioritaria en temas de transparencia, necesitamos una ley de fideicomisos, una  que regule a los Consejos De Desarrollo para establecer candados de transparencia y evitar que haya situaciones anómalas”, manifestó el congresista.

Con la entrega del documento, le corresponde al Congreso enviarlo a la Comisión de Finanzas para que sea aprobado o no. Cabe resaltar que en los últimos siete años la sala de trabajo no ha avalado los informes.