Los políticos norirlandeses hicieron un gesto histórico al aceptar gobernar unidos, pero para poder garantizar la paz deben reintegrar a la sociedad a ex presos políticos católicos y protestantes y a paramilitares tentados por la criminalidad.
Unos 30 mil prisioneros salidos de las filas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) o de grupos paramilitares protestantes como el UVF o el UDA fueron liberados en 1998 tras los acuerdos del Viernes Santo, una etapa crucial en la reconciliación de la provincia.
Pero los militantes salidos de la cárcel o de estos grupos que se enfrentaron durante 30 años de conflictos, de 1969 a 1998, con saldo de 3.500 muertos, se ven confrontados a un retorno a la vida civil a veces difícil, y algunos prefieren dedicarse al narcotráfico o a la extorsión.
«Fui liberado en 1998 (…) y cuando salí no tenía adónde ir, no pude recuperar mi antiguo empleo», relata Rosie McCorley, condenada por intento de asesinato de un policía.
Actualmente trabaja para Coiste na nlarchimi, una asociación situada en el barrio católico de Falls que ayuda a los ex presos del bando republicano a reintegrarse a la vida civil.
«El grupo ayuda a los ex prisioneros a tener acceso a los subsidios (de desempleo), a retomar los estudios», pero «muchas veces son discriminados en los trabajos», estimó.
En el barrio protestante de Shankill, Tom Roberts, que se unió a las filas de la UVF cuando tenía 20 y tantos años, y pasó luego 13 años en la cárcel, presta testimonio sobre las mismas dificultades.
«Hay muy pocos ejemplos» de ex paramilitares que tuvieron éxito en su reconversión, «salvo en la esfera política», dice Roberts, que hoy en día trabaja como coordinador de Epic, un centro que ayuda a los ex prisioneros que pertenecían a grupos protestantes.
El mismo nuevo primer ministro irlandés, el pastor protestante Ian Paisley, fue encarcelado en 1969 por haber organizado una contramanifestación, y su viceprimer ministro, el católico Martin McGuinness, número dos del Sinn Fein, fue condenado en 1973 a seis meses de prisión en la República de Irlanda por haber transportado explosivos y armas en su automóvil.
A raíz de las dificultades de la vida cotidiana, algunos prefieren conservar sus armas, sobre todo en los barrios protestantes, lo que inquieta a la Comisión de Control Independiente (IMC), encargada de vigilar la aplicación del cese el fuego, según su último informe publicado en abril.
«Los paramilitares leales no pueden argumentar más que actúan para defender a sus comunidades (…) y menos todavía decir que es para sus comunidades que extorsionan a los comercios locales, hacen huir las inversiones, envenenan a los jóvenes con droga y aterrorizan a los ciudadanos», sostuvo.
La UVF parece haber entendido este llamado y anunció a comienzos de mayo que renunciaba a la violencia y a la criminalidad.
El gobierno prometió en marzo 1,2 millones de libras (1,7 millones de euros) para los paramilitares si renunciaban a la violencia.
Los miembros del IRA, por su lado, son sospechosos de haber financiado su reconversión al organizar en 2004 el atraco de un banco por un récord de 26 millones de libras (38 millones de euros).
La comisión estima que la UDA, del lado protestante, y el IRA «provisorio»(PIRA), del lado católico, siguen teniendo actividades criminales.