Tras la reciente publicación del informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos a nivel global, el investigador sobre Guatemala para esa organización, Sebastián Elgueta, desde Londres, expone su punto de vista acerca de los avances y desafíos del país para garantizar el bienestar de la población guatemalteca.

Hemos observado con atención el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de Guatemala. En términos generales, ¿cree que el país avanza o retrocede en cuanto a garantizar los derechos de los ciudadanos?

Hay avances y retrocesos en diferentes áreas. Por un lado hemos visto que algunos casos relacionados a violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno armado han avanzado, por otro lado se observan nuevos incidentes de conflictividad social alrededor de los megaproyectos.  La ley contra el femicidio fue bien recibida por algunos actores importantes, por otro lado el número de víctimas sigue casi constante. La situación de derechos humanos sigue siendo compleja y requiere de esfuerzos integrales por atender las raíces de estos problemas. Lo importante y necesario es que el respeto a los derechos humanos figure como prioridad en las políticas estatales.

¿Qué temas deberían encabezar la agenda de prioridades del gobierno dirigido por Otto Pérez Molina?

La conflictividad social resultante de los megaproyectos es problema que seguirá hasta que el Estado comience a implementar su obligación de asegurar una consulta previa, libre e informada.  

Defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo blancos de amenazas, intimidación e intentos de asesinatos. Últimamente, hemos notado un incremento en la utilización del sistema judicial para presentar cargos exagerados o fabricados que tiene como objetivo disuadir el trabajo de defensores de derechos humanos. El nuevo gobierno debe priorizar el derecho a defender los derechos humanos, comenzando por reconocer el trabajo que hacen ellos.

Falta mucho que hacer en términos de dar justicia a los y las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. El Presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, debe asegurar la colaboración de esa entidad en los esfuerzos de las víctimas de obtener justicia. Miles de familias siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos desparecidos; un primer paso podría ser la desclasificación de los archivos militares del período 1980-1985.

Es importante seguir fortaleciendo el Estado de Derecho como respuesta a la crisis de seguridad pública. Políticas estatales que dejan a un lado los derechos humanos tarde o temprano terminan debilitando el Estado de Derecho y contribuyendo a la agudización de la crisis de seguridad pública.

La violencia es un problema que preocupa a la mayoría de ciudadanos. ¿De qué forma se debería encarar este problema?

La crisis de seguridad pública es sin lugar a dudas una de las preocupaciones centrales de la población. Amnistía Internacional lleva literalmente décadas pidiendo mejor y más investigación eficiente y eficaz de crímenes, como mecanismo para reparar el daño hecho al Estado de Derecho como resultado de la impunidad preponderante durante el conflicto interno armado. Las políticas estatales diseñadas para combatir la delincuencia deben tomar en cuenta los derechos humanos, porque de esa manera se construye un Estado de Derecho fuerte, duradero y sólido. Es importante no regresar a políticas de ‘limpieza social’. El reportero especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU notó con mucha preocupación en el 2007 y 2009 este tipo de acciones, que tienen el efecto de agudizar la situación. Actualmente se encuentran ligados a proceso a varios exoficiales de la administración Berger por ejecuciones extrajudiciales. Es importante apoyar al MP y la CICIG en sus esfuerzos por asegurar que aquellos acusados de ejecuciones extrajudiciales sean puestos ante la justicia.

Recientemente se declaró un Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, como resultado de un conflicto social provocado por la inconformidad con un megaproyecto. ¿Qué recomendaciones debería atender el Gobierno en este sentido?

Asegurar la consulta previa, libre e informada antes de la instalación de megaproyectos. En los últimos años una cantidad de órganos internacionales de derechos humanos le han pedido al Estado de Guatemala implementar su obligación de consultar. Por ejemplo, el mes pasado, algunas semanas antes de lo que ocurrió en Barillas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculante sobre Guatemala, le recordó al Estado de Guatemala implementar su obligación de consultar.

Lo preocupante de la situación es que Santa Cruz Barillas es sólo un caso emblemático de la conflictividad social que ocurre en todo el país, y está ocurriendo con más frecuencia, por ejemplo en San José del Golfo, San Pedro Ayampuc; San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, y San Miguel Ixtahuacán y Sipakala, en San Marcos, entre otros.

La instalación de megaproyectos –hidroeléctricas, mineras, cementeras– en lugares sin la consulta previa, libre e informada de la población inevitablemente resultará en conflictividad social.
Un aspecto particularmente alarmante en este tema es la reacción de algunos funcionarios de tachar a comunidades enteras como ‘narcotraficantes’ u otros adjetivos cuando la raíz del problema es la falta de consulta, falta de información y la ausencia del Estado de velar por una consulta real de las comunidades cercanas a  los proyectos. En la administración pasada, el entonces Ministro del Interior justificó el desalojo de comunidades enteras en El Petén de esa manera, y ahora en Barillas, comentarios similares han surgido que marcan el tono de la respuesta estatal.

Sobre al acceso a la justicia, se han observado avances en procesos judiciales de violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno. ¿Son suficientes señales de combate a la impunidad?

Es un buen y necesario comienzo, y hay que reconocerle al Estado estos logros. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estima entre 200 mil asesinados y desaparecidos como resultado del conflicto. Los casos por genocidio y otras violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno, son un buen comienzo, pero es eso, un comienzo, y hace falta mucho por hacer.

Un asunto que preocupa es el constante rechazo del Ministerio de Defensa de colaborar –ya sea negando acceso a archivos del período 1980-1985, o rehusándose a entregar planes militares específicos requeridos por los tribunales. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está la información que podría ayudar a dar con el paradero de éstos? ¿Dónde están los documentos militares que podrían ayudar a entender cómo fueron planificadas las masacres contra pueblos indígenas? Es un constante que preocupa, y Amnistía Internacional llama al Presidente de la República a mostrar liderazgo y un compromiso real con los derechos humanos, más allá de la retórica, y ordenar la cooperación del Ejército de Guatemala en los esfuerzos de las víctimas de violaciones de derechos humanos de obtener justicia.

Según el informe de AI, todavía hay 13 personas condenadas a muerte en Guatemala. ¿Es necesario que el país busque una salida definitiva al dilema de la pena de muerte?

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte no es una respuesta eficaz, ni ética a la crisis de seguridad pública en Guatemala. Los homicidios sancionados por el Estado sólo sirven para fomentar el uso de la fuerza y para permitir que continúe el ciclo de violencia. Una vez que el Estado recurra al uso de la violencia en sí misma, es aún más difícil exigir que la sociedad respete los derechos humanos y rechace la violencia.

Miramos que la tendencia a nivel mundial es hacia la abolición: en 2011 el 70 por ciento de todos los países había eliminado la pena de muerte en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional insta al Gobierno de Guatemala de formalizar el moratorio actual y abolir la pena de muerte. Guatemala no debe formar parte de un grupo de países cada vez más pequeño que utiliza el castigo máximo en lugar de aplicar medidas que aborden las raíces del problema.