La Comisión Específica de Asuntos Electorales realizó esta mañana el tercer foro temático sobre la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en donde las organizaciones de la sociedad civil señalan que es necesaria la reducción del periodo electoral a dos meses y la inscripción de candidatos a 120 días antes del evento electoral para facilitar la presentación de los requisitos y su respectiva revisión antes del inicio del proceso electoral.

Entre otra de las propuestas que se realizan, está la regulación de las encuestas electorales, las cuales sean previamente conocidas por el Tribunal Supremo Electoral, en especial la ficha técnica dirigida a la opinión pública, que se prohíba la publicación de encuestas 15 días antes de un evento electoral.

Además, buscan prohibir la reelección por más de dos periodos para todos los cargos de elección popular, especialmente para el Congreso y las Municipalidades, es decir que se admita una sola reelección, sin embargo una persona podrá postularse nuevamente hasta que haya pasado un periodo intermedio entre los dos primeros periodos del ejercicio.

Renzo Rosal, del consorcio articulado por la Universidad San Carlos, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), proponen que se reforme la ley de amparos, ya que en el proceso electoral 2011, se evidenció que en el TSE tienen “amarradas las manos” en sentido de que todas las sanciones que este ente puede aplicar, se pueden apelar en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, “eso nos parece que le resta, el sentido de ser Tribunal y a la jurisdicción electoral”.

Según Rosal, la propuesta es que todas las resoluciones del TSE puedan ser amparadas únicamente en la CC y “sacar de la jugada a la Corte Suprema de Justicia”, ya que la CC es el órgano competente para conocer, tramitar y resolver en única instancia los amparos interpuestos con actos o resoluciones emitidas por el TSE.

Además, la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep) señala que es necesario que el TSE contrate el cien por ciento del espacio publicitario y sea repartido equitativamente a los medios de comunicación, también se tenga un mayor control de los finiquitos y que se retire el derecho de antejuicio en los candidatos para que ninguno pueda llegar con impunidad a ser electo a un cargo de elección popular.

También propone una mayor proporcionalidad del sistema de representación para favorecer a las minorías políticas y sociales, en defensa del principio de soberanía popular y proporcionalidad.

Entre tanto, Acción Ciudadana propone reforzar los mecanismos de integración, depuración y fiscalización del padrón electoral para evitar violar el derecho del sufragio de los ciudadanos debidamente inscritos, además de fortalecer las normas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para asegurar la transparencia y fiscalización del proceso electoral y que el TSE haga públicas las auditorías practicadas a los partidos políticos y de esa forma aseguren la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Además, normar las condiciones generales y necesarias para asegurar la secretividad del votante al momento de emitir el sufragio, esto como medida para evitar contribuir con la coacción del votante.