Un juez federal concedió ayer la solicitud de impedir que algunas fracciones de la ley de Georgia contra la inmigración ilegal entren en vigor hasta que se resuelva una demanda.
El juez Thomas Thrash bloqueó partes de la legislación que penaliza a la gente que a sabiendas transporte o albergue a indocumentados mientras cometen otro delito, y también detuvo las cláusulas que le autorizan a los agentes verificar la situación migratoria de alguien que no pueda proporcionar una identificación adecuada.
Thrash escribió que, bajo partes de la legislación, el estado está aplicando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal.
Además, el magistrado sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de México reconoció la decisión del juez de suspender disposiciones que «abren espacios para la aplicación selectiva e indebida de la ley».
Sin embargo, México agregó que está en desacuerdo con que el juez no haya bloqueado una provisión que restringe el uso de la matrícula consular, una identificación que da el gobierno de México a ciudadanos que viven fuera del país.
La mayoría de las cláusulas que forman la ley de Georgia iban a entrar en vigor el 1 de julio. Grupos defensores de las libertades civiles habían interpuesto una demanda en la que le pedían al juez que declarara inconstitucional la legislación e impidiera que entrara en vigor.
Thrash escuchó el 20 de junio los argumentos de ambas partes sobre el pedido de grupos activistas por las libertades civiles para que bloqueara la ley, y de la solicitud del estado de sobreseer la demanda. Intercambió palabras con Devon Orland, asistente del secretario de Justicia, en un diálogo en ocasiones tenso.
Omar Jadwat, de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), argumentó que la ley es fundamentalmente inconstitucional y transgrede la autoridad federal, mientras que Orland dijo que la medida es necesaria porque los inmigrantes ilegales están agobiando las instituciones médicas y las prisiones.
Los grupos defensores de los derechos civiles argumentan que la ley es inconstitucional y podría alentar a las autoridades a perseguir a la gente por sus características raciales. Cláusulas de la legislación que penalizan a personas que albergan y transportan a indocumentados en ciertas situaciones también tienen el potencial de castigar a la gente por tener interacciones inocentes con inmigrantes ilegales, han dicho los grupos.
La ley de Georgia tiene algunas partes similares a una ley promulgada el año pasado en Arizona y también es parecida a una implementada este año en Utah.
Un juez federal bloqueó las partes más controvertidas de la ley de Arizona el año pasado después que el Departamento de Justicia federal interpuso una demanda, argumentando que le ley infringía el poder exclusivo del gobierno federal de regular la inmigración. Un juez federal avaló la decisión, y la gobernadora de Arizona Jan Brewer ha dicho que apelará ante la Corte Suprema federal.
La ACLU y otros grupos interpusieron demandas contra la ley de Utah, argumentando que implicaba una carga inconstitucional para los indocumentados y se parecía demasiado a partes de la ley de Arizona.
Un juez federal bloqueó temporalmente la ley de Utah, citando similitudes a las partes más controvertidas de la ley de Arizona. Se convocó una audiencia a mediados de julio para decidir si puede entrar en vigor.
Otra sección de la legislación de Georgia, programada para entrar en vigor por fases a partir de enero, requeriría a las empresas verificar la condición migratoria de los nuevos empleados. Una ley de Arizona con los mismos requerimientos recientemente fue avalada por la Corte Suprema federal.
Promulgación
La gobernadora Nikki Haley promulgó ayer varias modificaciones a una ley que otorgan más facultades a la policía de Carolina del Sur para pillar a posibles indocumentados, en una decisión que podría enfrentar impugnaciones legales como otras medidas similares en otros estados.
Según los cambios, la policía estatal debe solicitar la intervención de las autoridades migratorias federales contra las personas que sospeche están ilegalmente en Estados Unidos.
También crean una nueva unidad policial para aplicar la legislación, la cual considera además como un delito grave la falsificación de identificaciones con fotografía para indocumentados.
Las personas encontradas culpables de ese ilícito grave pueden ser castigadas con una multa de 25.000 dólares y cinco años de cárcel.
Las modificaciones endurecen lo que ya eran unas de las medidas más rigurosas contra los indocumentados que viven y trabajan en Carolina del Sur.
El gobierno de México lamentó la promulgación de la ley en un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. «Pudiera afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad», dijo en el comunicado.
En el sitio de internet del consulado mexicano en Raleigh, México puso a la disposición una guía con recomendaciones prácticas a los habitantes de Carolina del Sur.
Haley, que nació en el condado de Bamberg de inmigrantes de la India, hizo hincapié en su origen al hacer declaraciones ante simpatizantes y críticos durante la firma de los cambios legales.
«Como hija de inmigrantes, quiero que todos estén conscientes de que este proyecto de ley tolera eso. (…) Este es un proyecto que aplica las leyes», dijo.
Con las modificaciones, la policía puede preguntar la condición migratoria después de una detención o de una intercepción de tráfico, y no puede retener a alguien solamente por sospechar que esté en una situación migratoria irregular. Obliga a los policías a llamar a las autoridades federales de migración si sospechan que alguien está en el país ilegalmente.
Haley soslayó las versiones de que la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (o ACLU) desea impugnar la ley antes de que entre en vigencia en enero. Afirmó que tiene «una larga lista de demandas que me siguen llegando y entre más me envíen demandas, más me hacen recordar que estoy haciendo mi trabajo por el estado de Carolina del Sur».
La ACLU dijo que la ley permitirá la discriminación contra «quien parezca o suene extranjero. La organización tiene demandas contra legislaciones similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. También espera hacerlo en Alabama.