Las cámaras que originalmente fueron instaladas para controlar el tránsito o vigilar espacios públicos, son cada vez más útiles para que las autoridades reaccionen ante los hechos de violencia y recopilen información para las investigaciones criminales.

A diferencia de las personas que testifican ante la justicia, los videos garantizan datos imparciales y valiosos que pueden ser la clave para resolver complicados casos de alto impacto.

En el caso de la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral, los videos de más de 50 cámaras instaladas en un hotel de la zona 12 y en las calles aledañas, permitieron a las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación dar con dos presuntos autores materiales del asesinato del artista. Sus movimientos quedaron registrados en las imágenes, que ante la justicia parecían pruebas irrefutables.

Los dos capturados fueron Elgin Enrique Vargas Hernández y Wilfred Allan Stokes Arnold, y de acuerdo con las entidades de investigación, las grabaciones revelaron cómo éstos llegaron al hotel y vigilaron los movimientos del empresario nicaragüense Henry Fariñas, a quien se supone iba dirigido originalmente el ataque.

Una secuencia de imágenes captadas por diferentes cámaras permitió identificar cómo desde la madrugada comenzaron a seguir el automóvil donde se trasladaban el empresario y Cabral, hasta que lograron ejecutar el crimen.

Al salir del hotel, las cámaras de la Empresa Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) –instaladas originalmente para controlar el movimiento vehicular– ubicadas en la calzada Roosevelt y el Bulevar Liberación continuaron con la vigilancia. Mientras Fariñas y Cabral se conducían rumbo al aeropuerto, los seguía el vehículo en el que se movilizaban los sicarios.

Estos fueron vigilados por los criminales, hasta que a pocos metros de la estación de Bomberos Municipales en Pamplona lograron concretar el ataque mortal.  Las cintas también permitieron seguirles la pista a los sicarios hasta su captura.

La secuencia de los hechos corresponde a las imágenes registradas por las cámaras, que si bien han sido instaladas para el control vial o de seguridad en lugares privados, le han servido al MP para armar el rompecabezas de un atentado considerado un caso de alto impacto.

Ricardo Guzmán, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, quien ha estado a cargo de esta investigación, precisa que estas imágenes han sido “el testigo” que documenta la comisión de los hechos delictivos e ilustra a un tribunal de forma muy gráfica qué personas han participado en ellos, aunque siempre existan quienes quieran ocultarse de las filmaciones.

“Los videos junto con otros medios de investigación hacen una prueba contundente. No solo son imágenes y testigos, no solo son documentos; un medio de investigación por sí solo no es absoluto, la unificación de varios medios de investigación le permiten a un fiscal acreditar los hechos”, refiere Guzmán.

Sin embargo, el investigador considera no es necesario revelar más detalles sobre el tema, pues a su criterio los delincuentes querrían planificar y cometer los hechos donde no haya cámaras de vigilancia.

UBICAR LAS CÁMARAS

De acuerdo con Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del MP, en la actualidad se encuentra establecido dentro de los protocolos de investigación la búsqueda de cámaras de Emetra o de cualquier red de vigilancia que pudiera estar en el lugar donde se han cometidos los crímenes.

“Una de las primeras actuaciones que se hacen cuando existe un delito, es que varios agentes se desplacen hacia el lugar o la escena del crimen para que corroboren cuántas cámaras pudieron haber sido testigos de la comisión de los hechos y quién es el titular de las mismas”, indica.

Hace cuatro años esto no se hacía, según el funcionario: “Aun si había cámaras de video, no era una diligencia que se hiciera obligatoriamente; quedaba a discreción del fiscal o a veces no se reparaba en ello. Ahora sí está establecido como una consigna la ubicación de las cámaras para obtener las imágenes”.

Por  situación de violencia en el país se ha ido ampliando la red pública de cámaras así como sistemas de vigilancia  en comercios o residenciales para guardar mejor control en sus áreas. En relación a esto, Rodríguez señala que existe un convenio entre la Municipalidad de Guatemala y el ente investigador, para que los videos que registren algún acto sospechoso o hecho delictivo les sean proporcionados.

“También hay que recordar que la ley permite el secuestro de estos elementos como una de las facultades que dan lugar a la resolución de casos. En pocos casos, si la empresa o la entidad lo hacen voluntariamente se incorpora como elemento de prueba y se sigue la cadena de custodia. En algunos casos si la persona se niega se tiene una orden judicial” indica.

El Secretario concluye que en varios casos los videos no solo han sido determinantes para poder resolver los casos, sino también para llegar a una sentencia de manera más rápida.

VIOLENCIA DIARIA

Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, señala que actualmente la comuna cuenta con 86 cámaras instaladas en toda la Ciudad y que se tiene planeada la instalación de cien más.

El portavoz señala que, a diario, material visual es enviado al MP: “Imágenes captadas por estas cámaras en las que registran algún hecho de violencia, y que es parte de un convenio de colaboración, para que la comuna ayude con el esclarecimiento de crímenes”.

Además refiere que a partir de estos sistemas de vigilancia, que originalmente fueron instalados para el control vial, se ha podido identificar cuáles son los puntos de mayor peligrosidad en la Capital.

Por su parte, Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Transito (PMT), enfatiza que las cámaras de control vial instaladas en la jurisdicción municipal para el control del tránsito vehicular y la regulación del congestionamiento han sido útiles para trabajar en el tema de seguridad, junto con las agencias gubernamentales encargadas de la materia.

De acuerdo con Montejo, el procedimiento para obtener estas imágenes inicia con la petición del ente investigador o de un juez contralor. No obstante, según el funcionario, por iniciativa  de la PMT también se envían desde Emetra las imágenes que evidencien la comisión de algún acto ilícito a las autoridades.

El Ministerio de Gobernación también tiene una actuación importante, ya que según el viceministro de la cartera, Julio Rivera Clavería, también se notifica al MP cuando se detecta algún acto de violencia por medio de las cámaras o el ente investigador le solicita a la cartera del Interior que inspeccione ciertos lugares en base a lo que se capta en las cintas.

De acuerdo con Rivera Clavería, Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) actualmente cuentan con más de mil 850 cámaras en todo el distrito del departamento de Guatemala que son monitoreadas las 24 horas por 304 agentes, divididos en dos turnos.

Además refiere que cuentan con 182 cámaras especiales, de las 300 que se esperan instalar, las cuales cuentan con un software especial para la lectura de placas en los automotores en movimiento.

“En primer lugar, las cámaras instaladas tienen la función de vigilancia para tomar nota de los lugares peligrosos; segundo, nos puede servir para identificar a personas sospechosas; tercero, como prueba técnica y científica en los procesos delictivos, pues mediante esto, logramos identificar plenamente el hecho y por último, para prevenir más hechos delictivos”, indicó Rivera Clavería.

UTILIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

La analista en seguridad Helen Mack coincide en la importancia de las imágenes para  identificar al o los sindicados en la escena del crimen, especialmente porque la información que proveen es técnicamente irrefutable.

Al resaltar la importancia del uso de las cámaras como evidencia, Mack recordó cómo la secuencia de imágenes registradas por videocámaras colaboró a esclarecer el caso Rosenberg.

Además refiere que aunada a otras tecnologías como el rastreo telefónico y el uso del GPS, los videos son pruebas científicas de hechos delictivos.