Las medidas de seguridad que dictaminan los jueces a favor de las mujeres que sufren violencia por parte de sus esposos o convivientes, pueden ser contraproducentes, por lo que se hace necesario la implementación de Centros de Atención para las Víctimas de Violencia, para resguardar la integridad física de ellas y sus hijos e hijas.

A decir de Aleyda Ordóñez, de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), los femicidios pueden tener su origen en algunos procedimientos legales que dictaminan los jueces para evitar que la mujer y sus hijos continúen sufriendo agresiones, una medida que es buena pero que muchas veces provocan actitudes más violentas.

De acuerdo con Ordóñez, al dictaminar las medidas de seguridad las y los profesionales cumplen con lo que demanda las normativas, pero no se resguarda la vida de las afectadas, lo que demuestra que el Estado está fallando pues se necesita la implementación de Centros de Atención para las Víctimas de Violencia, para que éstas mujeres y sus descendientes puedan resguardarse y recibir atención psicológica, médica y hasta económica.

Según la profesional, recientemente en Sanarate, El Progreso, Brenda Lorena Herrera Sandoval, de 38 años de edad, que tenía medidas de seguridad, fue encontrada por uno de sus hijos muerta en su dormitorio a consecuencia de múltiples golpes, un caso que indignó a la población pues dejó en la orfandad a 8 menores de edad.

Finalmente, Ordóñez dijo que falta un largo camino por recorrer para que las mujeres se empoderen de sus derechos, rompan los patrones culturales que las atan y se informen más sobre los recursos legales a los que pueden acudir en caso de violencia.