La Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral presentó recientemente el Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, un esquema de desarrollo que permitirá satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones en materia de recursos naturales.
El documento señala que el objetivo de la política es mejorar las condiciones de vida de las personas en el área rural y de la sociedad, al mismo tiempo que se preserva el entorno natural de forma intergeneracional; el desarrollo sostenible debe cumplir con la viabilidad económica, la equidad social y la sustentabilidad del ambiente.
El Marco General de la Política destaca cuatro criterios esenciales para promover el desarrollo sostenible en el área rural: el Estado de Derecho y la certeza jurídica, la sostenibilidad del ambiente, la equidad social y el respeto a la multiculturalidad.
La certeza jurídica es primordial para fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad, mientras que el fortalecimiento del Estado de Derecho implica la aplicación de la ley, garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y la adopción de mecanismos dirigidos a buscar acuerdos sociales que aseguren la vigencia de todas las garantías estipuladas en la Constitución Política de la República.
En el criterio de sostenibilidad del ambiente, el gobierno se responsabilizó a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y a diligenciar de manera transparente y ética el procedimiento de análisis y resolución de los instrumentos de evaluación ambiental, entre otros puntos.
Los inversionistas deberán presentar los respectivos instrumentos de evaluación ambiental, contar con la resolución de aprobación del Ministerio de Ambiente, desarrollar y mantener procesos de participación pública y facilitar el acompañamiento a la institucionalidad pública en materia de análisis, evaluación y monitoreo.
En el criterio de equidad social, el documento destaca el trabajo productivo y decente, el respeto a los derechos laborales, los ingresos dignos, la protección social y el diálogo, como elementos esenciales que deberán cumplir quienes inviertan en proyectos de desarrollo en territorios rurales.
El marco de la política también resalta la importancia de hacer efectivos los procedimientos de consulta estipulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y utilizar la norma establecida en la Ley de Consejos de Desarrollo y en el Código Municipal.
Todo proyecto de inversión rural deberá tener en cuenta: mejorar la calidad de vida de las personas, hacer eficiente y transparente el gasto público, coordinar con las instituciones de gobierno y del Estado, lograr beneficios inmediatos para el desarrollo rural integral y mejorar la gestión del ambiente a mediano y largo plazo, concluye el documento.
El citado marco general, así como el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, forman parte del Plan para Activar y Adecuar la Política de Desarrollo Rural Integral, que impulsa la Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural.