Cuando los maestros asumieron la decisión de ir a paros y presionar con medidas de hecho, actuaron con pleno conocimiento de su postura y de las consecuencias que ella podrí­a generar en el marco legal del paí­s, por lo que una decisión del Congreso que ordene amnistiar a los educadores que incurrieron en faltas administrativas por esa razón está fuera de lugar. Entendemos que todo proceso de negociación colectiva de condiciones de trabajo, cuando obliga a presionar mediante una huelga que no es declarada legal, hace que los trabajadores incluyan en los términos del acuerdo una garantí­a contra las sanciones y represalias que puedan derivarse del conflicto, pero eso es un acuerdo puramente administrativo y no requiere de sanción legal mediante una amnistí­a.

Pésimo precedente es que el Congreso, donde se juegan por excelencia los intereses polí­ticos, decida otorgar amnistí­a en un conflicto de carácter laboral porque ello forma parte de toda la negociación que tienen que realizar las partes enfrentadas. La amnistí­a tiene que ser un recurso verdaderamente extraordinario cuando polí­ticamente convenga a los intereses nacionales extender el perdón a quienes han incurrido en delitos, pero la decisión de aplicarla tal y como ahora pretenden algunas bancadas no se encuadra en el espí­ritu de los constituyentes cuando establecieron ese mecanismo.

En este año electoral, cuando muchos perciben al magisterio como una presa atractiva para captar votos, es natural que los partidos polí­ticos traten de quedar bien con los educadores, pero hay que entender que la institucionalidad tiene que ser antepuesta a cualquier consideración y que el precedente será funesto porque en adelante las fuerzas parlamentarias se verí­an forzadas a ceder a cualquier tipo de presión y ello no es bueno para la democracia ni, mucho menos, para la consolidación de nuestras instituciones.

El clientelismo polí­tico no es sano y da siempre municiones a quienes pretenden destruir a las instituciones polí­ticas del Estado. Esta amnistí­a es un clarí­simo ejemplo de cómo funciona ese clientelismo y de sus consecuencias, puesto que ello sí­ implica intromisión de un poder del Estado en las atribuciones especí­ficas de otro. Porque las faltas administrativas, que serí­an en todo caso lo ocurrido cuando los maestros se ausentan de sus labores, tienen que resolverse administrativamente y no mediante leyes casuí­sticas que tienen la finalidad de quedar bien con un sector que parece interesante y atractivo desde el punto de vista electoral.

Además, ningún partido puede presumir de la paternidad de la amnistí­a porque se requiere del concurso de varios de los que tienen representación parlamentaria. Entonces es iluso suponer que uno de ellos captará todo el voto del magisterio que, repetimos, tiene que negociar como parte del conflicto la garantí­a contra sanciones y represalias.