Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff, durante una ceremonia protocolar en el palacio de Planalto, Brasilia, juramentó y dio posesión de su cargo, a los siete miembros integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes durante los siguientes dos años, son responsables de investigar y compilar la historia de las violaciones de derechos humanos ocurridas el siglo pasado, durante las dictaduras militares que gobernaron ese país situado al Sur del Continente Americano.
Los escogidos son personalidades reconocidas por su trabajo en los campos de la justicia y defensa de los derechos humanos. La experiencia de algunos, incluye el trabajo para tres expresidentes. Ellos son: Paulo Sérgio Pinheiro, Secretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso; Cláudio Fonteles, Procurador General de la República en el Gobierno de Lula; José Paulo Cavalcanti Filho, Secretario General del Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Sarney; José Carlos Dias, Ministro de Justicia en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso; Rosa María Cardoso da Cunha, una abogada que defendió a la Presidenta Rousseff cuando era presa política; María Rita Kehl, psicoanalista y comentarista política; y Gilson Dipp, actual Ministro del Tribunal Supremo de Justicia. Dipp va a ser el primer Presidente de la Comisión, pero todos los demás miembros van a ejercer la presidencia, alternando durante los dos años que duren sus funciones.
A esta Comisión le toca investigar casos de tortura, desaparición forzada, ocultamiento de cadáveres y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el Estado y sus agentes entre 1946 y 1988. Los Comisionados de la Verdad podrán recibir testimonios, realizar audiencias privadas y públicas, y tendrán acceso a todos los archivos de los Gobiernos incluidos en el período de la investigación. La duración de sus funciones es dos años y al término del mandato en 2014, van a presentar al Presidente de Brasil, un informe pormenorizado con los resultados de la investigación y los nombres de los responsables de los abusos.
El ámbito de la Comisión de la Verdad está limitado a investigar y revelar la verdad sobre los acontecimientos sucedidos durante las dictaduras militares en los años ya mencionados. El papel inmediato de la Comisión es claro: Elaborar un informe honesto de los abusos a los derechos humanos cometidos entre 1946 y 1988, y acabar oficialmente con la cultura del silencio y el temor que implantaron las dictaduras militares. El informe no podrá ser usado en casos penales y la Comisión no incluirá estipulaciones para procesos de esa naturaleza, debido a que está vigente de Ley de Amnistía decretada en 1979, que impide hacer acciones en contra de los presuntos responsables de abusos y violaciones a los derechos y libertades de las personas. Esta última situación ha desatado un debate entre quienes apoyan y los que se oponen, en general se argumenta que para que el informe tenga efecto vinculante, el Congreso o el Tribunal Supremo de Justicia, deberían derogar la Ley de Amnistía mencionada. Por otra parte, hay quienes temen que los resultados del informe sirvan para castigar a los responsables, pero el expresidente Henrique Cardoso, ha dicho lo contrario, afirmando que conocer la verdad, debe servir para la reconciliación de la sociedad.
Tomando en cuenta que este tipo de Comisiones han funcionado en Guatemala y otros países, Brasil está retrasado, aun así, investigar la verdad sobre los abusos es un avance.