Un régimen republicano requiere no sólo de un gobierno con capacidad de adoptar decisiones afines a la ciudadanía, sino también de la representación equitativa de las preferencias de la misma. Sin embargo, para esto se vuelven necesarios partidos cohesivos y de orientación nacional, y, sobre todo, votantes capaces de seleccionar y hacer rendir cuentas a sus representantes en forma individual.

No cabe duda, que hoy Guatemala avanza en la construcción de una agenda temática y metodológica para la reforma electoral, tema sumamente complejo por el magno universo de reformas óptimas. Sin embargo, es claro que existen áreas de reforma principal, mayoritariamente sensibles y de conciencia general.
    
     Actualmente,  la Comisión específica de Asuntos Electorales –CEAE- presidida por el diputado José David Echevarría Díaz, integrante del bloque independiente, ha iniciado un proceso de apertura en materia de discusión de las propuestas  de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que nacen en el seno de distintos sectores representativos de sociedad guatemalteca. Actualmente existe algún consenso en introducir modificaciones sustantivas en, por lo menos, cuatro temas altamente sensibles, siendo estos: la consideración de la uninominalidad en la elección de diputados al Congreso de la República; la separación de las elecciones ejecutivas de las legislativas (elecciones no concurrentes);  el establecimiento de techos y controles mucho más rigurosos al financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos;  y,  por último, el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria del Tribunal Supremo Electoral (la discusión de su supremacía).
    
     Es importante señalar que la actual Ley Electoral ha sido modificada con certeza en sus dos terceras partes. La necesidad de reforma es evidente. Bajo estas circunstancias, es preciso tomar con cautela cualquier propuesta de “reingeniería institucional”, ya que el impacto concreto que tiene un sistema electoral sobre el sistema de partidos, sobre la organización interna de los mismos, o sobre la participación de los votantes en la elección, es fruto de una compleja interacción entre una diversidad de reglas formales, prácticas políticas informales, y factores no institucionales. Por esta razón, es preciso tomar en cuenta los efectos reales y no sólo los esperados de un sistema electoral antes de emitir un juicio sobre su eficiencia y recomendar cambios.
    
     Indistintamente de la extensión y alcance de la reforma, existe al menos un consenso general en la necesidad de introducir impostergables reformas en el régimen político y electoral guatemalteco. A partir de lo anterior, la naturaleza y penetración de las enmiendas al sistema dependerá del grado de madurez de los actores involucrados en este delicado tema.  Lamentablemente, en nuestro país, los políticos no se encuentran principalmente motivados por el  deseo de tener el sistema electoral más eficiente y representativo, sino aquel que mejor les permita sobrevivir políticamente. No obstante, son únicamente los ciudadanos los que se deben activar y ejercer presión, ya que no cabe duda de que la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es un tema de urgencia nacional y que definirá el escenario político de nuestro país en los próximos años.