La situación en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, desde hace días está turbia. Ha habido acusaciones de uno y otro bando que al lector suspicaz capitalino (me cuento entre ellos) no dejan las cosas claras. Por un lado el Gobierno, acusando a un grupo de “bandoleros”, según ellos, manipulados por “criminales extranjeros y comunistas locales” que buscan el desorden y la anarquía. Por el otro, el señalamiento claro de una población que se siente reprimida por un Estado de sitio inexplicable, la presencia de una empresa española odiada y el reclamo por la muerte de un líder local.
¿Cómo entender esa situación? Afortunadamente la Iglesia Católica, una de las pocas instituciones con credibilidad en el país, salió del silencio y explicó qué sucedía en realidad en ese municipio. En una carta firmada por el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Rodolfo Francisco Bobadilla Mata, revela los abusos del Gobierno y se solidariza (como debe ser) con el pueblo pobre afectado. ¿Qué dice el documento?
El texto es escueto, pero va al grano. El obispo indica que las acciones del Gobierno “lejos de garantizar los derechos de las comunidades, las intimida cuando se manifiestan en la defensa de sus derechos”.
“Vemos con suma tristeza y preocupación que en este caso el Gobierno ha actuado más a favor de la seguridad de una empresa privada extranjera y a favor de unos pocos habitantes de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas. Por acciones como esta se tiende a pensar que las leyes están hechas no para el bien de los guatemaltecos, sino del que pueda manipularlas a su conveniencia”.
Lo dicho por la Iglesia Católica coincide justamente con la denuncia de algunos periodistas como Miguel Ángel Albizures, quien en su columna reciente indica que el Gobierno favorece a la empresa española Econer-Hidralia, que se reconvirtió en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto Cambalam, en un área que la comunidad ha utilizado como centro ceremonial y de recreación.
La carta de la Iglesia reconoce que en el alboroto que provocó la muerte de uno de sus líderes, Andrés Francisco Miguel, hubo abusos y desórdenes (destrozos a la propiedad privada), pero se muestra incrédula sobre la responsabilidad de quienes protestaron. Más bien, dice el texto, hay sospechas bien fundadas que hubo “personas infiltradas”.
El clero dice solidarizarse con los oprimidos de Santa Cruz Barillas y se constituyen en garantes para velar por el esclarecimiento de la muerte de Andrés Francisco Miguel. Una muerte al parecer innecesaria, producto de una emboscada en el que también salieron gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
En resumen, entonces, que los hechos ahora parecen claros. Hay un Gobierno que se hace de la vista gorda cuando se trata de defender los intereses de la población y hacer justicia por la muerte de un líder local. Y, al mismo tiempo, uno que aboga por las empresas extranjeras o nacionales (en defensa de la oligarquía) para imponer una hidroeléctrica odiada según los acuerdos entre la comunidad y el Concejo Municipal.