Desde hace varias semanas supe de buena fuente y por eso comenté en ocasiones, en diferentes círculos de amigos y de personas atentas a la situación nacional, que entre la lista de candidatos para seleccionar al siguiente Procurador de los Derechos Humanos, PDH, resaltaba el nombre de un profesional joven, con estirpe política, actual diputado del Congreso Nacional, representante de un partido político de derecha, y quien se decía es el favorito del presidente Pérez.
Ahora se destapó el gallo, al comprobarse que en efecto la información era cierta, por eso no me sorprenden las declaraciones públicas, ofrecidas por el jefe de la bancada del partido oficial, el diputado Valentín Gramajo, afirmando que para la PDH respaldarán la candidatura de Jorge Eduardo de León Duque. Este joven político de derecha, es hijo primogénito del recordado amigo, Ramiro de León Carpio, quien como Uds. con seguridad saben, fue el segundo Procurador de los Derechos Humanos y el cuadragésimo tercer Presidente de Guatemala, nombrado por el Congreso Nacional, durante el período del 16 de junio 1993 al 14 enero 1995.
El gesto de los políticos oficialistas de destapar al gallo y anunciar con anticipación la preferencia por un candidato, se podría interpretar como un acto de honestidad, de transparencia, de manifiesta voluntad y lealtad al Jefe del Ejecutivo, pero que tiene un costo muy alto para la institución del PDH, con el agravante de que ese tipo de injerencia, compromete la independencia institucional, que es requisito sine qua non, para lograr resultados eficientes, eficaces y contundentes en materia de observación, vigencia, exigibilidad y respeto de los derechos humanos de la población. Recuerdo que la filosofía, la doctrina, la superestructura jurídica, la naturaleza y la génesis de estos derechos, nos garantiza a todos los seres humanos, protección y respeto de derechos y libertades inherentes a la persona, frente a los abusos y violaciones del Estado y sus agentes. Es decir, los DDHH son para eso, para protegernos de las conductas abusivas e irrespetuosas que puedan adoptar las autoridades y que lesionen la dignidad de las personas. Todos los Estados y autoridades, deben observar, respetar y proteger los derechos y libertades fundamentales, que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos.
Entonces eso es lo malo, está claro que De León Duque es el hombre preferido del Presidente para ocupar la silla del PDH, lo cual de entrada amarra compromisos e hipoteca la independencia de la institución del PDH, poniendo en precariedad la objetividad con la que se debe ejercer la observación y exigibilidad en la realización de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. De poco o nada sirven los procedimientos de postulación y selección de candidatos, de audiencias y participación de organizaciones de sociedad civil y gremiales; si de todas formas, la clase política marrullera, impone acuerdos tomados bajo la mesa, maneja doble agenda y saca cartas bajo la manga, para colocar a sus propias piezas en los espacios de poder afines a sus intereses sórdidos y bastardos. Así no se construye la democracia participativa ni la Patria que anhelamos.
Esta realidad pone en riesgo la institucionalidad, independencia y objetividad que debe tener el PDH, vulnera los derechos de la población y riñe con normas internacionales sobre la materia, sobre todo contradice los Principios de París, el instrumento universal aceptado por Guatemala, que marca la pauta sobre lo que debe ser la institución del PDH.