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«Desde hoy entra en vigencia la LOTTT (la ley) en todo el país, dictada por el presidente Chávez para dignificar a los trabajadores», dijo el vicepresidente Elías Jaua, quien encabezó los actos ante la ausencia de Chávez, quien se encuentra en Cuba, donde se trata el cáncer que padece.

Gremios empresariales y sindicatos cuestionan que la ley no haya sido consultada con los sectores involucrados pero han sido cautelosos respecto a su contenido.

Jorge Botti, presidente de federación de grandes y pequeñas empresas, manifestó que «a simple vista, la ley puede ser viable para el sector privado».

Sin embargo, lamentó que no se haya evaluado su impacto económico debido a la restitución del pago doble de compensaciones por antigüedad en caso de despido, la ampliación de las licencias por maternidad de poco más de cuatro meses a seis meses y medio de pre y postnatal, y la reducción del horario laboral de 44 a 40 horas semanales.

«La ley difícilmente va a ayudar a problemas de alentar la generación de empleos, la producción y frenar la pérdida del poder adquisitivo», manifestó el líder empresarial.

«Esta ley no ampara a más de seis millones de venezolanos que no tienen empleo formal», agregó.

En ese sentido el economista Maxim Ross expresó que «se legisló para el sector que ya está empleado».

Ross sugirió que el gobierno ha inflado de manera significativa las estadísticas oficiales de empleo, que fijan el número de desempleados en más de un millón de venezolanos y el número de trabajadores por cuenta propia sobre los cinco millones.

«En qué beneficia el pago retroactivo de las prestaciones a seis millones de venezolanos que están en la economía informal (vendedores ambulantes y empleados domésticos), a ese casi millón y medio que está desempleado, si la ley encarece la generación de nuevos empleos», cuestionó Ross.

La fuerza laboral, de acuerdo a cifras oficiales, se estima en 64,2%, lo que representa unos 13,5 millones de personas

El gobernante aseguró que fueron atendidas más «19 mil propuestas» para incluir en el nuevo instrumento legal, «90% de ellas provenientes de la clases trabajadoras».

«Era una deuda pendiente», dijo Chávez, quien como candidato en 1997 denunció al anterior régimen como un «robo a los trabajadores».

El régimen de beneficios que rigió hasta 1997 contemplaba una norma de retroactividad o que cada aumento de sueldo que recibía un empleado se multiplica por sus años de servicio en una empresa, en un monto de dinero acumulado que se cancela cuando el trabajador se retiraba de su cargo.

«Acabar con la retroactividad de las prestaciones, fue un golpe muy duro para la estabilidad del trabajador, porque abarataba el despido. Este gobierno devuelve esa estabilidad a los trabajadores», dijo a la AP el diputado oficialista Darío Vivas.

Para algunos analistas Chávez intenta capitalizar el carácter populista de una ley, que haría lucir muy mal a la oposición frente al electorado si la rechazaran abiertamente.

«La ley es un instrumento popular en plena campaña electoral, por lo que a la oposición no le queda otra que apoyarla», dijo Luis Vicente León.

Chávez, que asumió el mando por primera vez en 1999, es candidato a la reelección en octubre, en busca de otro mandato de seis años.

La ahora derogada legislación establecía que el trabajador tenía derecho a la prestación de antigüedad equivalente a cinco días de salario por cada mes y dos días adicionales a partir del segundo año de servicio, acumulativos hasta treinta días de salario. Las prestaciones debían ser depositadas en un fideicomiso de un banco.

«Ningún trabajador en su sano juicio va a rechazar un beneficio, lo que sí con mucha razón debemos criticar en la forma como el presidente obró», sentenció el diputado opositor Andrés Velásquez.

«No tengo dudas que el presidente quiere presentarse como el gran benefactor en un año electoral, de otro modo no se explica que después de 13 años en el poder, es ahora que decide cambiarla», agregó.

La anterior Asamblea Nacional, controlada por aliados del gobierno, aprobó en diciembre del 2010 una ley habilitante que le otorgó plenos poderes a Chávez para legislar hasta junio del 2012, tres meses antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre en las cuales optará a la reelección.

La oposición controla 67 de los 165 escaños de la Asamblea, lo que impide a los aliados de Chávez tener dos tercios de los votos necesarios para aprobar algunos tipos de leyes.

Chávez y los congresistas oficialistas defienden la ley habilitante, la cuarta que le ha sido otorgada al presidente en sus más de 13 años de mandato, alegando que sería empleada para aprobar velozmente medidas de atención de desastres después de las severas inundaciones que dejaron a miles de personas sin vivienda en el 2010.

Sin embargo, Chávez la ha utilizado para cuestiones ajenas a la atención de esa emergencia generada por las lluvias.