Organizaciones sociales se manifestaron hoy en la Plaza de la Constitución en contra del estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para exigir a los organismos de Estado, mediante carta abierta, que se desista de la medida y se inicie una investigación “seria” sobre las causas de la problemática.

La convergencia Waqib´kej, presentó una carta abierta a los organismos de Estado, principalmente al jefe del Ejecutivo, Otto Pérez Molina, quien se encontraba en Petén, en la que plantean que, antes de continuar con las medidas militares entorno al estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, este sea retirado.

También pidieron al Congreso de la República que no ratifique la medida y, al Organismo Judicial, que se emprenda una «investigación seria y exhaustiva hacia las causas que motivaron el conflicto».

Carmen Reyna, analista social, de la organización citada, indicó: “sabemos que no necesariamente son disturbios, crimen organizado o narcotráfico, sino -que el conflicto- está motivado por los ataques que la empresa Hidro Santa Cruz hizo hacia el liderazgo comunitario».

Reyna, a nombre de las organizaciones, calificó el ambiente que se vive en ese municipio como de «terror», puesto que, según dijo, «la población está siendo privada de sus documentos de identificación por la suspensión de las garantías constitucionales y hay personas escapándose a las montañas, como sucedió en conflicto armado interno».
 
La activista señaló que con las medidas implementadas no se deja espacio al dialogo que permita garantías democráticas y constitucionales.
 
Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), dijo recientemente que las comunidades tienen legítimo derecho a oponerse a las hidroeléctricas, pues a 40 años de la construcción de Chixoy, las áreas geográficas aledañas no tienen electricidad.

Roxana Sobenes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, también en entrevista reciente, dijo que los procesos de instalación de una empresa de ese tipo, lleva consigo un proceso de participación pública donde «de manera pacífica y por escrito, con sustento científico, técnico o legal, cualquier habitante del territorio de la República, sin necesidad de hacer acciones violentas, tiene 20 días hábiles dentro del proceso de gestión, que es público, para manifestar su preocupación, oposición o emitir recomendaciones que van a ser tomadas en cuenta por el ente rector al momento de resolver la viabilidad o no del proyecto hidroeléctrico o de cualquier índole en el territorio nacional».