La iniciativa de ley que propone castrar químicamente a las personas sindicadas de violación sexual ya cuenta con dictamen favorable en el Congreso; ahora solo se espera que pueda ser conocida en el Pleno, para que sea discutida.

La iniciativa de ley, presentada por Fernando García, diputado de la bancada Patriota, que propone que  se castre a los violadores de niños y de mujeres, a través de la aplicación de un químico que contiene progesterona sintética, ya cuenta con dictamen favorable, y durante esta semana buscará un espacio en la agenda para que pueda ser conocida por el Pleno del Congreso.
De acuerdo con dicha iniciativa, el acusado sería obligado a ingerir el medicamento Depo-Provera, el cual está aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU., para el control de la natalidad.
García ha indicado que de acuerdo con la gravedad del delito sexual, también se propone que al sindicado se le aplique una  amputación quirúrgica.
EN CONTRA DE LA INICIATIVA

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), señala que no pueden aplicarse penas corporales sobre las personas privadas de libertad, según los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que está suscrito el país.

Al indagar Samayoa respecto a la efectividad judicial, señaló que no  solo en la aplicación de la pena se encontrará solución a todos los problemas, a lo que recomiendan que se apliquen, primordialmente, mecanismos de prevención. Además menciona que proponen que cuando una persona cometa un crimen, el “Estado no puede actuar irracionalmente”, que la pena sea únicamente la privación de la liberad.

Samayoa recomienda además “una  política pospenitenciaria”, la que de acuerdo con él permita que la persona que ha estado privada de libertad reciba seguimiento de parte del Estado, a todo el proceso que llevó adentro de la cárcel, para que desarrolle actividades laborales y educativas.

“Para evitar que vuelva a caer en las mismas condiciones sociales que se encontraba y que probablemente causaron que cometiera un hecho ilícito, debe dársele un  acompañamiento real que le permita reinsertarse en la sociedad” asegura Samayoa.

POCA EFECTIVIDAD JUDICIAL

Según estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj), del Organismo Judicial, desde los años 2008 al 2011 se han reportado 12 mil 771 casos por delitos sexuales, de los cuales el 73% es por el delito de violación sexual.

Los datos revelan que de los casos ingresados por el delito de violación sexual durante el 2011 (3 mil 769),  recibieron sentencia únicamente 507 procesos, lo que representa una efectividad jurídica del 13%.

También se revela que en años anteriores como 2008 se registraron 2 mil 553 casos; en 2009 fueron 2 mil 932; en 2010, 3 mil 517, por agresiones sexuales.

La estadística también señala que el 62 % de las víctimas son mujeres mayores de edad, y que 31% de las agraviadas son niñas y adolescentes.