Periodistas y profesionales de la información, que pertenecen a la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula (RCS) demandaron al Estado que garantice la seguridad y la integridad del gremio durante las coberturas, principalmente las de casos de alto impacto.
En un comunicado de prensa, la RCS hizo énfasis en las agresiones y los abusos que sufrió uno de los agremiados el pasado viernes, durante el cateo a un centro nocturno donde se registraron algunas situaciones relacionadas con la narcoactividad.
Los abusos fueron cometidos por elementos de la seguridad pública, por lo que mostraron su consternación y repudio ante situaciones similares que han ocurrido en el departamento y que impiden el pleno ejercicio periodístico, en condiciones seguras.
El boletín de la Red señala que es lamentable cómo los comunicadores sociales a nivel nacional, sufren atropellos por parte de las propias instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la integridad de las personas, durante las coberturas informativas.
La RCS hizo un llamado al Organismo Judicial, al Organismo Legislativo, al Ministro de Gobernación, al Ministerio Público y a los demás entes encargados de los temas de seguridad pública, para que trabajen a favor del combate de las intimidaciones, coacciones y agresiones contra las y los periodistas.
La Red de Comunicadores Sociales recordó que ese tipo de situaciones pueden ser afrontadas por el gremio local si se mantiene en constante unidad y se incentiva la denuncia.
De acuerdo con el Estado de la Libertad de Expresión, elaborado por la Agencia Cerigua, en el 2011 45 periodistas a nivel nacional sufrieron de agresiones, intimidaciones y acoso judicial, entre otras.
Aunque aparentemente el ambiente para el ejercicio periodístico no es grave en este momento, los ataques a periodistas y medios de comunicación persisten en el país y no se han realizado suficientes esfuerzos para terminar con la impunidad que rodea estos ataques y amenazas, señaló el Observatorio de los Periodistas, de Cerigua.
La Agencia recomendó a los periodistas asumir con ética y responsabilidad su función y adoptar protocolos y medidas de seguridad para resguardar su vida y su seguridad, realizar las denuncias correspondientes y exigir al Estado garantías para el libre ejercicio de la profesión.