Las autoridades le han requerido a la Fiscalía Nacional Económica y a los tribunales de la Libre Competencia de Chile que procedan a una intensa investigación sobre la posible colusión de precios y producción de las empresas: Aristicia, Super Pollo y Agrosuper, quienes enfrentan posibles multas de US$125 millones e incluso pueden ser llevadas a los tribunales penales por haberse coludido y estafado al consumidor.

El impacto en la opinión pública es tan grande que el Presidente de la República ha tenido que nombrar una comisión especial integrada por distinguidos abogados y funcionarios públicos para que recomienden modificar la Ley Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y establecer controles más estrictos, sanciones civiles y penales aun más fuertes que las vigentes y así disuadir a todos los sectores productivos de actuar de forma coludida en detrimento de los consumidores.

El exministro de Finanzas y prestigioso economista, Eduardo Aninat, públicamente ha manifestado que “debe superarse la “inequidad social, que hay que combatir la economía de contabilidad donde la autorregulación es un mito”. Dijo también que “la democracia no funciona si no se denuncia y señala los abusos, la banca central debe ser más eficiente, la superintendencia más dura, más severa; la prensa, efectiva, sin temores; las universidades deben de cumplir su rol hacia la sociedad, los pares deben de calificar el trato y el comportamiento, analizando los hechos; el gobierno debe ser pragmático, propositivo y mano firme con los empresarios. Hay que prevenir, hay que hacer ajustes que reduzcan y eviten la colusión en la producción”.

Adicionalmente a los casos ya señalados, las cuatro cadenas de supermercados que existen en Chile: Líder, Yumbo, Unimarc y Tottus, que proveen el 91 por ciento del consumo de bienes alimenticios, les fueron confiscados sus registros, computadoras, teléfonos celulares por parte de las autoridades que fiscalizan la libre competencia y también están siendo analizados si no están efectuando compras en conjunto y en colusión, controlando la oferta y los precios.

La interrogante natural que surge es si lo que se considera que acontece en la economía chilena es algo que sólo sucede en ese país o si también acontece en otros países de América Latina, incluyendo por supuesto Centroamérica y Guatemala. ¿Quién puede responder esta pregunta? El Ministerio de Economía, la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las universidades privadas o las mismas organizaciones empresariales o es que no se puede hablar, que no se puede preguntar si existe libre competencia, si existen instituciones que garanticen al consumidor que no está siendo abusado, violado y estafado por alguna persona, empresa o grupo que se coluda y al hacerlo inmoralmente, ilegalmente multiplique sus ganancias en detrimento de los consumidores del país.

Qué gobierno, qué Organismo Ejecutivo, qué Organismo Legislativo, qué Poder Judicial puede decir que igual que en Chile, ya no digamos igual que en Europa o en Estados Unidos, las normas en las instituciones existentes son lo suficientemente adecuadas para garantizar el funcionamiento de la libre competencia, para proteger al consumidor y velar que tenga derechos y deberes que sean respetados. Esas interrogantes, esas preguntas merecen que los editorialistas y columnistas de la prensa escrita, radial y televisiva los enfoquen. Una sola golondrina no hace verano, el que alguien traiga a nuestro país esos ejemplos no es suficiente.