Cuando preguntan ¿qué se puede hacer contra la corrupción?, los expertos salen con que es un tema muy complejo para el que no hay respuestas sencillas y empiezan a hablar de las leyes que están pendientes de aprobación y del fortalecimiento de las instancias de control y auditoría. Sin embargo, hay que decir que todas esas leyes tienen que ser aprobadas, primero, por un Congreso que es nido de corrupción y luego aplicadas por un sistema judicial marcado por la impunidad.

Yo creo que el gran problema está en que la corrupción no parece ser “el tema” para los guatemaltecos que, si acaso, nos escandalizamos cuando se sabe de algún trinquete y refunfuñamos un poco, pero en el fondo demostramos que como ciudadanos nos hemos acostumbrado a convivir con un sistema diseñado para facilitar el enriquecimiento ilícito no sólo de los políticos y funcionarios, sino que también de los empresarios que realizan contratos con el Estado.
 
 Viendo que se ha constituido en la Vicepresidencia de la República la Secretaría de Transparencia, pienso que una de las funciones que debe tener esa dependencia es la de crear ciudadanía, convenciendo a los guatemaltecos de que la corrupción nos roba a todos oportunidades de desarrollo y que tenemos que tener cero tolerancia ante cualquier forma de alzarse con los recursos públicos. Mientras los ciudadanos no seamos lo exigentes que tenemos que ser, mientras sigamos viendo como algo natural que el contratista infle sus precios, que se vendan fertilizantes al Estado más caros de su valor de mercado, mientras las medicinas sigan siendo un negocio declarada y descaradamente sucio, al igual que las concesiones mineras y las que otorgan las autoridades encargadas de la energía, no digamos los contratos de obra pública suscritos tanto con empresas creadas para robar como con las empresas de prestigio que se dieron cuenta que tenían que entrar al juego y sacarle raja.
 
 Es pasmoso ver el comportamiento de la opinión pública ante la corrupción, puesto que se evidencia que la aceptamos como algo inevitable y como un juego en el que todos quisiéramos jugar. Sabemos que el sistema está hecho para saquear al Estado, sea mediante cajonazos burdos o negocios sofisticados, pero el caso es que siempre hay forma de jugarle la vuelta a los controles para embolsarse millones y se hace con el mayor descaro y desfachatez porque aquí no hay sanción social para el corrupto. Por el contrario, al que se arma con los fondos públicos, se le abren las puertas no sólo de nuevos negocios particulares, sino que, además, se le abren las puertas de los más selectos lugares donde se trata con deferencia y atención al poseedor de una gorda billetera aunque la misma sea producto de sinvergüenzadas.
 
 Todo empeño por combatir la corrupción será inútil si la ciudadanía mantiene esa secular indiferencia que nos vuelve tan tolerantes ante los largos. Tan tolerantes que hasta se les vuelve a elegir, se les premia con la continuidad en el servicio público aun sabiendo que hicieron micos y pericos con los fondos, con los bienes del Estado que se dilapidaron para entregarlos a cambio de comisiones de gran envergadura.
 
 Claro está que los pícaros son detestables, pero más detestable es la actitud generalizada de una población que ve cómo le roban y no se inmuta ni protesta. Una población que atestiguó cómo se canalizaron miles de millones para promover una candidatura, pero que no reclama castigo para los ladrones. Somos un país en el que entendemos como patente de corso el nombramiento o la elección para un cargo público y que asumimos como normal que las empresas al hacer negocios con el Estado paguen mordida para sobrevalorar sus productos o servicios.
 
 Mientras la corrupción no sea “el tema” para los guatemaltecos, no pretendamos que la cosa cambie.