Luego de la aprobación de la actualización tributaria, las leyes de transparencia se convirtieron en el complemento necesario para asegurar los controles en el gasto público. Sin embargo, los proyectos enviados por el Ejecutivo muestran varias debilidades que según los diputados obligan a mejorarlas para que no se queden en “dientes de cartón”.

Con la llegada de una nueva administración, el tema de transparencia se convirtió en la bandera política del oficialismo y el Presidente y sus diputados anunciaron que varios proyectos de ley llegarían al Congreso buscando mejorar los controles en la administración pública.

El paquete incluye tres nuevos marcos legales: ley de Regulación de Fideicomisos Públicos, ley contra el Enriquecimiento Ilícito y ley del Sistema de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública.

Así mismo, propone reformas  a ocho leyes: Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley del Servicio Civil, Reformas a la Ley de Probidad , Ley de Contrataciones del Estado, Reformas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ley de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Ley del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque las  propuestas fueron entregadas por el presidente Otto Pérez el pasado 12 de marzo, fue hasta ahora que llegaron de forma oficial a las comisiones designadas para su estudio y análisis,  ya que la sesión en la que se leyeron fue criticada y objeto de análisis jurídicos, pues no estaba claro el futuro de la interpelación del ministro de Finanzas, Pavel Centeno.

Ese embrollo legal provocó el retraso en la entrega del proyecto para que las comisiones empezaran a realizar el análisis respectivo. Sin embargo, algunos diputados ya han realizado análisis previos y parciales de los proyectos y con ello han surgido comentarios, los cuales coinciden  que las propuestas deben mejorarse. Al momento, son cuatro las comisiones encargadas de dictaminarlas: Probidad, Transparencia, Apoyo a la Recaudación, y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Álvaro González, quien preside la sala de Apoyo a la Recaudación, señala que las iniciativas no se han analizado en su totalidad, y que los congresistas deberán tomarse su tiempo para estudiarlas. No obstante, considera que algunas no están bien redactadas, por lo que considera que “a veces da la impresión que colaboraron tantas personas que incluyeron todos sus puntos de vista”.

El congresista manifiesta que estudiarlas detenidamente es importante ya que en lista de espera están varias iniciativas de ley que abordan los mismos temas. Lo ejemplificó con la ley que regula los fideicomisos, ya que existe una propuesta que se entregó semanas atrás por parte de la Contralora General de Cuentas, misma que pretende la eliminación de los mismos, no así su regulación.

En el tema de enriquecimiento ilícito, ya se contaba con tres proyectos y en teoría se han unificado. El tema crítico en esa iniciativa, es la inclusión de los contratistas del Estado, naturales o jurídicos, como entes y personas sujetas a la ley.

Recientemente se acordó que el tema del enriquecimiento ilícito empezará a ser discutido en el pleno, pues se incluyó en la agenda para ser aprobada en su primer debate, pero esto depende del desenvolvimiento de las actividades parlamentarias pendientes de realizar.

Para el diputado, la evaluación de la comisión es fundamental porque podrán mejorar los proyectos existentes o bien sustituirlos y adoptar puntos importantes de estos nuevos proyectos. “La opinión de la sociedad civil también será importante”, concluyó el parlamentario.

La Comisión de Transparencia confirmó que recientemente les fue entregada la propuesta de forma oficial, pero esto no ha sido limitante para estar trabajando en el tema. Amílcar Pop, quien preside la comisión, indica que están en la fase de preparar un dictamen, pero antes socializarán los puntos con las otras comisiones que tienen participación.

“Encontramos que hay ciertas debilidades que estamos corrigiendo”, adelantó el congresista. Un ejemplo de las debilidades es la propuesta de la ley de la Contraloría General de Cuentas, ya que no contempla auditorías en caso la requiera la funcionaria sin que el proceso haya concluido, por lo que será uno de los puntos que incluirán.

“Una de las sugerencias de la Contralora es tener la facultad de hacer auditoría en cualquier momento y no esperar hasta el final de los proyectos”, resaltó el congresista, por lo que este punto será incluido.

También mencionó que en el tema del enriquecimiento ilícito se propone la persecución penal contra funcionarios, pero deja fuera a los particulares, por lo que este punto también se busca incluir para mejorar y hacer funcional la propuesta.

CRÍTICAS Y ANÁLISIS

Algunos diputados han señalado que ven debilidades en los proyectos. Por ejemplo, Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, es uno de ellos. “Estamos preocupados y vemos que lejos de fortalecer terminan debilitando a las instituciones”, indicó.

El congresista recordó la crítica que hizo la misma titular de la Contraloría General de Cuenta, Nora Segura, cuando calificó “como dientes de cartón” el papel que algunos proyectos intentaban darle a la entidad.

En cuanto a la presentación de temas que ya venían siendo analizados, el congresista considera que el mensaje que da el partido oficial es querer ser recordados como los ponentes de los proyectos.

Sin embargo, espera que las comisiones hagan su trabajo para crear marcos legales en favor de la transparencia.

Otros diputados como Alejandro Arévalo, del partido Unionista; y Carlos Fión, de Compromiso Renovación y Orden, sugieren que los proyectos deben analizarse exhaustivamente.

Asimismo, señalan que antes de fijar una postura necesitan conocerla a fondo. 

FALTA INTEGRALIDAD

La evaluación que hace la organización Acción Ciudadana de los proyectos,  es que falta integralidad. Y aunque existen puntos a favor también se detectan grandes debilidades, así lo afirmó Marvin Flores, representante de la entidad.

“El secreto bancario no se incluye por ejemplo, así que sería disfuncional una ley de enriquecimiento ilícito y una ley de fideicomisos”, destacó. Considera que la actual administración, pese al corto tiempo, ha quedado en deuda con el tema de transparencia.

“Hemos visto compras en el tema de fertilizantes, medicina sobrevalorada, y otros ejemplos donde la transparencia ha quedado ausente”. Para Flores, de no crearse marcos legales eficaces se corre el riesgo de que los ciudadanos ratifiquen la  falta de credibilidad en la gestión pública.
 
De manera, que la transparencia debe de ser más que una bandera política que venda la ilusión de mayores controles sino debe ser un compromiso político que logre mejores herramientas legales.