El gobierno peruano desactivó ayer una huelga indefinida de agricultores en la región de Piura (norte), uno de los tres conflictos gremiales que, junto al de los mineros y cocaleros, elevó la tensión esta semana en Perú.
La huelga fue desactivada tras llegar a un acuerdo el gobierno con los dirigentes de los algodoneros y productores arroceros, que contempla entre otros puntos la compra de mil toneladas de arroz.
El acuerdo evitó que una huelga de 24 horas se tornase indefinida a partir del viernes como había amenazado el gremio de agricultores en el caso de que el gobierno no diera solución a sus demandas.
El documento fue suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Teodoro Palacios.
Del Castillo invitó también a los dirigentes de la región Huánuco (centro) a deponer una paralización y viajar a Lima para sostener una reunión de trabajo el lunes venidero.
El acuerdo y la propuesta podrían contribuir a aliviar la creciente tirantez política y social que vive Perú con mineros y campesinos cocaleros en huelga, paros regionales, bloqueo de rutas y marchas, con varios casos de violencia en las protestas que el miércoles dejaron siete heridos y una decena de detenidos.
La convulsión social está presente especialmente en las provincias del interior del país y ha dado pie a temores de analistas sobre un posible desborde social, por la cantidad de demandas planteadas al gobierno del presidente Alan García, quien cumplió nueve meses en el poder.
Las protestas mantienen paralizada la región de Huánuco, donde se cumple el segundo día de un paro de 72 horas convocado por organizaciones sociales en respaldo a cultivadores de coca en huelga indefinida desde mediados de abril.
Estos últimos se oponen a la erradicación de la hoja de coca, materia prima de la cocaína.
Una situación similar se presenta en la vasta región nororiental y amazónica de Loreto, que inició un paro de dos días demandando al gobierno el nombramiento de más de mil profesores para la población escolar, así como obras de carácter social.
Paralelamente, miles de trabajadores mineros cumplen desde el lunes una huelga por tiempo indefinido que se mantiene mientras sus dirigentes dialogan con las autoridades del ministerio de Trabajo.
«Estamos en pleno proceso de diálogo, no podemos adelantar si se levanta o no la huelga», dijo Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos.
Varios cientos de trabajadores mineros manifestaron este jueves ante la sede del ministerio de Trabajo, bajo fuerte vigilancia de la Policía antimotines.
Según el gremio sindical, unos 30.000 mineros acatan la huelga, pero el gobierno sostiene que sólo la cumplen algo más de 5.000 y que la producción minera del país no está afectada.
Los sindicatos reclaman el pago de una justa jubilación minera, correcta distribución de utilidades y la eliminación de empresas, llamadas ’services’, que contratan en forma irregular a trabajadores sin goce de derechos como la sindicalización, entre otras demandas.
Ante la andanada de demandas sociales, el primer ministro Jorge del Castillo dijo que se investigará si existe un presunto «complot político» que busque crear zozobra y una sensación de levantamiento en el país.