Ampliar el debate del derecho de acceso a la información a otros ámbitos de la sociedad y no solo a organizaciones civiles especializadas fue uno de los objetivos del primer foro sobre “Ley de Acceso a la Información, más que un discurso” que organizó la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
Valeska Hesse, representante en Guatemala de dicha Fundación señaló que buscan que la discusión entre varios sectores de la sociedad sobre este derecho contribuya a que el mayor número de ciudadanos y ciudadanos conozcan y utilicen estos instrumentos y que las democracias no sean solo electorales sino ampliamente participativas.
Silvio Gramajo, de Seguridad en Democracia (SEDEM), uno de los expositores dijo que el derecho al acceso a la información es fundamental para que todos los ciudadanos conozcan los datos que existen en manos de las entidades públicas o sujetos obligados.
El derecho de la información pública sirve a las personas para mejorar su calidad de vida; los flujos informativos pueden convertirse en herramientas para la toma de decisiones y está comprobado que esto mejora su calidad de vida señaló Gramajo.
Mejorar la calidad de vida se refiere a tomar mejores decisiones a la hora de votar por algún candidato o poder decirle al alcalde que la administración no anda bien porque él no publica su salario, agregó.
Durante la época contrainsurgente el Estado era el único propietario de la información, cuando se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se cambia esa lógica, porque la sociedad es dueña de esa información; el Estado únicamente la administra, la sistematiza y la debe resguardar dijo Gramajo.
La Ley de Acceso a la Información fue aprobada en septiembre de 2008 y entró en vigencia el 21 de abril de 2009 después de años de discusión en el Congreso de la República.
Rosa María Bárcena, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México (IFAI), otra de las expositoras se refirió a la relación de la Ley de Acceso a la Información y su relación con la seguridad nacional y pública.
Bárcena dijo que toda información en poder de las autoridades es pública y solo por excepción, de manera temporal, por una causa de interés pública y que esté prevista en la ley puede ser reservada.
A decir de la especialista, cuando haya reformas a la Ley de Acceso a la Información que no benefician a la normativa se tendrían que aplicar criterios como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque los Estados están obligados a cumplir con lo pactado en los tratados internacionales.
Recientemente el Congreso de la República puso en agenda la discusión del proyecto de ley 4328 que pretende reformar la LAIP sobre información reservada; la iniciativa busca clasificar la información relacionada con asuntos diplomáticos y militares de reservada a confidencial lo que ha originado críticas de varias organizaciones de la sociedad civil.
Enrique Naveda, editor del diario digital Plaza Pública, quien también participó en el foro, señaló que esta es una de las primeras actividades que harán en relación a la discusión de la ley en conjunto con InterPeace y SEDEM.