El Organismo Judicial capacita a ciudadanos, especialmente de áreas rurales, sin presencia de la justicia, para mediar en los diferendos comunitarios que causan conflictos y generan violencia. La débil y escasa representación de las instituciones del Estado en estas localidades, apartadas de la burocracia y los procedimientos de los tribunales, obligó al involucramiento de la sociedad en el combate a la impunidad.

Podría parecer una paradoja, pero en la aldea El Fiscal del municipio de Palencia, Guatemala, la presencia de las instituciones de seguridad y justicia es mínima, y eso había generado desde décadas atrás una serie de conflictos comunitarios que a la vez motivaban un clima de violencia y tensión entre los habitantes de la localidad.

Sin tribunales, jueces, fiscales o abogados en ese poblado la impunidad acumulada en cientos de casos se vislumbraba como un problema cada vez mayor, y los efectos eran visibles cuando los conflictos entre comunitarios se “solucionaban” entre amenazas y agresiones, o simplemente se agravaban con más enfrentamientos y disputas.

En medio de esa situación, en un programa innovador, Roxilanda Morales Rivera, de 45 años, recibió la capacitación que el Organismo Judicial (OJ) impartió para ser “Facilitadora Judicial”. “A través del Juez de Paz me enteré del programa y la gente de la aldea me propuso”, recuerda.

“Yo también fui alcaldesa auxiliar y presidenta del Cocode. Como consecuencia de mi trabajo, la gente me buscaba para solventar problemas”, y desde entonces es mediadora en los conflictos, y ahora, con la capacitación, trabaja de lleno para evitar que los problemas se salgan de su cauce o innecesariamente tengan que llegar hasta las instancias judiciales, explica Morales.

Ser Facilitadora Judicial y reconocida por su comunidad le ha servido a Morales para que a través de su intervención se solventen dudas y se llegue al diálogo en torno a la resolución de conflictos, en una particular forma de acceder a la justicia a partir del entendimiento entre las partes, sin el uso de la violencia o los conflictos, y conduciendo a las partes ante el juez cuando es necesario.

Entre los casos atendidos, Morales recuerda que “hubo un hombre que le compraba al crédito a una señora, y al cabo de un tiempo el señor se separó de su esposa y no se supo nada de él.  Entonces la señora a la que le debían empezó a cobrarle a la exesposa del señor”.

En esa ocasión el problema trascendió entre las familias de las involucradas y la tensión crecía, pero “las dos partes me visitaron, una porque no quería pagar y la otra porque exigía su dinero”, y finalmente llegaron a un acuerdo, señala.

Elizabeth Ramírez, encarga del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, explica que ese programa está funcionando actualmente en los departamentos de Santa Rosa, Quetzaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez, en el área Metropolitana y El Progreso. Hasta la fecha el servicio está implementado en 31 municipios, con 146 Facilitadores capacitados. 

Sobre los efectos que esperan del programa, Ramírez señala como principales resultados que se pretende “desjudicializar” los conflictos locales, y “tratar de llevar la justicia a poblaciones de extrema pobreza, a lugares donde el acceso es bastante difícil, y sobre todo ahorrar tiempo y procesos en donde exista una resolución alterna para los conflictos”.

“Que la comunidad tenga una cultura cívico jurídica y que los Facilitadores jueguen un papel de espectadores en estos temas y en algunos temas que la comunidad por sus propias expectativas y características pueda presentar”, resalta la responsable. Además, indica que el papel de los Facilitadores también implica colaborar en el proceso al Juzgado de Paz y a las diferentes instituciones a través de su participación.

Thelma Aldana, presidenta del OJ, agrega que el proyecto pretende “solventar pequeños problemas de día a día, pero que después esos pequeños problemas se pueden convertir en procesos judiciales”.

EL PROYECTO

Mediante el Acuerdo No. 8-2012 de la Corte Suprema de Justicia se creó el programa de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, luego de que se estableciera la importancia de la apertura del OJ a la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Los Facilitadores serían responsables en labores de mediación de conflictos en las comunidades rurales con el fin de facilitar el acceso a la justicia en donde el trabajo de los Juzgados de Paz es complicado.

Según un acuerdo, suscrito en noviembre de 2010 con la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, el propósito es institucionalizar y potencializar la mediación en Guatemala, a través de la formación de personas inmersas en el espíritu solidario, constitucional y democrático de convivencia social.

En base a esto, Aldana comenta que “el fin básico del programa es evitar el conflicto social y ayudar a la construcción de la paz social en las comunidades”.  También agrega que el objetivo es ayudar a la comunidad a evitar los procesos judiciales, a evitar los conflictos y a ir solucionando los problemas que día a día se pueden presentar en las comunidades. 

“Lo que se pretende con este programa es acercarnos a las comunidades, que el propio líder de la comunidad y el juez de Paz traten de solucionar amigablemente las controversias que se puedan presentar y que sirvan, además, como Facilitadores en los diferentes requerimientos que se hagan en las poblaciones más recónditas del país”, enfatiza Aldana.

La Magistrada también señala que si se da algún conflicto y el Facilitador estima que debe proponer algunas fórmulas de solución lo hace, no sin antes acudir al juez de paz y ya en conjunto, resuelven el conflicto sin llegar a un proceso Judicial.

“Al momento en que se evidencie la posibilidad de un linchamiento inmediatamente el Facilitador Judicial y el juez de paz acuden como mediadores; además son reconocidos por la población porque la misma población los eligió y por lo tanto los reconocen”, agrega.

Por instrucciones de los jueces de paz, los Facilitadores efectúan diversas tareas, entre las que destacan las mediaciones previas que les delegan jueces y fiscales, entrega de citas, realización de inspecciones o peritajes como medidas de terrenos o linderos, etc.

El programa también contempla que los Facilitadores sirvan como canal, como puente, entre los ciudadanos y las autoridades, es decir, según informan autoridades encargadas del proceso,  prestan el  servicio de hacer llegar a las autoridades, aquellos casos que ellos no pueden resolver.  

“Los Facilitadores aconsejan y acompañan a la población en la realización de gestiones. Para cumplir ese papel de puente, los Facilitadores deben conocer la labor de las diversas instituciones (se les forma en eso) y las instituciones deben tener un contacto estrecho con ellos para brindarles información actualizada”, según señalan los encargados del programa.

 “En ciertas ocasiones, los Facilitadores no solo aconsejan, sino que también acompañan a la gente para hacer las gestiones necesarias; por supuesto, no están obligados a ello, especialmente si eso tiene costo (por ejemplo, de transporte); pero,  en la práctica,   son muchos los ejemplos de cómo el acompañamiento de un Facilitador para realizar un trámite ha sido de enorme provecho para la gente”, resalta la publicación que detalla las funciones de los Facilitadores.

NO SON JUECES

Rodríguez recalca que se debe tener presente siempre que los Facilitadores no tienen jurisdicción, es decir que no están investidos con funciones judiciales y por ende no emiten fallos sobre ningún caso, pero hacen un trabajo auxiliar y preventivo de los órganos de administración de justicia muy importante.
“En la comunidad donde vivo me conocen y por eso en mi casa recibo a muchas personas que buscan consejos de toda índole; a pesar de no recibir ningún pago por mi labor, me siento satisfecha de servir como instrumento de paz en mi aldea”, concluye Morales.
En casos como este es en donde se evidencia, según los encargados del programa, que la capacitación en busca de una cultura de paz y mediación de conflictos pueden tener un impacto, aunque sea leve, en las estadísticas de justicia; así como apoyar al sistema de justicia y evitar el congestionamiento de procesos que alguna vez, pudieron ser prevenidos con la participación de un Facilitador Judicial.