La organización “Un Techo Para Mi País” moviliza a cientos de voluntarios, en su mayoría jóvenes, para construir viviendas de emergencia en áreas del país que históricamente han sido abandonadas por el Estado. Al lado de la política de vivienda que se trace el Ejecutivo, esta organización colabora con un grano de arena para hacer frente al déficit habitacional que se calcula en aproximadamente un millón quinientas unidades habitacionales. La participación social, en este caso, da un respiro a un problema de antaño.
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40% es déficit cuantitativo
60% es déficit cualitativo
Julia de Solano no creía lo que estaba sucediendo; su improvisada casa, fabricada con láminas de zinc viejas y oxidadas, había sido sustituida por una vivienda de madera, instalada en un lugar seguro. Por primera vez viviría sin el temor de ser afectada por las inundaciones del invierno o el asedio del calor durante el verano, y sabía que sus hijos ya no tenían que sufrir por el hacinamiento que los desesperaba en el hogar.
La madre de familia, de unos 45 años, fue una de las 25 beneficiarias de los proyectos de Un Techo para mi País, que construyó viviendas provisionales en las comunidades de San Miguel y Las Lomas, pertenecientes al municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, en agosto del 2011, mientras que al mismo tiempo otro grupo de voluntarios trabajaban a tiempo completo en Villa Canales para edificar otras 75 viviendas.
A la fecha, la organización ha construido ya más mil 600 viviendas de emergencia en distintas áreas del país, en donde el Estado históricamente había descuidado la atención a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y recientemente se realizó una colecta nacional para continuar con los proyectos en el país.
De esa manera, Un Techo Para Mi País forma parte de los esfuerzos sociales para hacer frente al déficit de viviendas, que según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), alcanza un millón quinientas mil unidades habitacionales, de las cuales el 40 por ciento es déficit cuantitativo y el 60 por ciento es déficit cualitativo. La misma vivienda de emergencia busca ser un lugar propio, que reduzca el hacinamiento y mejore las condiciones de sus integrantes.
A partir de la construcción de viviendas de emergencia se logra reunir a sectores de la sociedad aparentemente separados: Los voluntarios y los miembros de las comunidades, en una labor que fomenta el trabajo en conjunto y el acercamiento a una realidad evidente, cercana e injusta, con el fin de hacer denuncia y crear conciencia.
HISTÓRICO DESCUIDO
Aunque es uno de los problemas más profundos de Guatemala, el acceso a la vivienda digna y la tierra para su edificación es uno de los temas olvidados en las políticas estatales desde hace mucho tiempo, y hasta ahora no se ha ejecutado un plan para solventar el problema.
El Estado a través del CIV provee soluciones mediante el otorgamiento de subsidios; con la aprobación de la nueva Ley de Vivienda el actual Fondo Guatemalteco para la Vivienda, –Foguavi– se convertirá en 6 meses en el Fondo para la Vivienda –Fopavi–, para el otorgamiento de subsidios para familias en pobreza y extrema pobreza.
La nueva ley también incluye la atención a familias que han perdido sus viviendas por desastres naturales.
Alejandro Sinibaldi, titular del CIV, reconoce que es un problema complicado, pero asegura que ya se está trabajando en el tema: “El Ministerio está impulsando la Política Nacional de Vivienda cuyo objetivo es abatir el déficit habitacional en Guatemala. Es de hacer notar que esta política involucra la participación del sector privado y de la sociedad civil. El reto de dar solución a este problema social es responsabilidad de todos, sociedad y Estado”.
La política incluye tres ejes de intervención: Subsidiando la tasa de interés para las familias no propietarias que tienen ingresos fijos; mejorando las viviendas a través de un subsidio directo para mejoras con el programa “Mejoramiento de Barrio”, y el programa “Piso y Techo Digno”, que ofrecerá a las familias en pobreza y pobreza extrema una solución básica de vivienda con techos de lámina reforzada y piso de concreto.
Sin embargo, el funcionario reconoce que el trabajo de las organizaciones sociales, como Un Techo Para Mi País, son fundamentales para que se haga frente al problema desde distintos sectores y se concientice a la población sobre la necesidad de buscar soluciones de fondo.
“El marco legal del Estado de Guatemala, aborda la solución de la problemática de vivienda mediante el esquema de subsidios a familias, sin embargo se puede evaluar la forma para incentivar la alianza estratégica con esta noble organización”, señala Sinibaldi, al tiempo que considera que el proyecto “nos envía un mensaje de carácter moral a toda la sociedad, para hacer visible el problema de la necesidad de vivienda en el país”.
SOPORTE SOCIAL
De acuerdo con el Ministro, “nuestro país produce al año un máximo de 50 mil viviendas formales y dignas, y nuestra apuesta es por subsidiar la tasa de interés para acercar a las familias trabajadoras a los precios que la iniciativa privada ofrece en el mercado”.
Sin embargo, según Sinibaldi, en aquellos proyectos de vivienda mínima para familias en situación de desastre o en extrema pobreza iniciativas como las de Un Techo Para Mi País pueden ser atractivas de evaluar por su alto componente participativo.
Un Techo Para Mi País Guatemala explicó a La Hora que el objetivo actual es proveer una vivienda que les permita a los beneficiarios vivir de una mejor manera en comparación a su situación actual. “La vivienda significa un escalón más y no la solución total de sus problemas. El objetivo del proyecto no es sólo la construcción de “techos” sino también provocar un sentimiento de querer superarse”, señala una comunicación.
El involucramiento de las familias es fundamental en el enfoque no asistencialista, dado que la vivienda no resulta un regalo para ellas sino una oportunidad para mejorar su situación, explican los responsables del programa.
“En el proceso de selección, se buscan a familias con una actitud proactiva, de cambio y esfuerzo para obtener una vivienda. Las familias cubren alrededor de un 10% del costo de la vivienda y deben participar durante los días de la construcción”, apuntan.
Alejandro Sinibaldi
Ministro de Comunicaciones
La propuesta social
Un Techo Para Mi País (UTPMP) nació en Chile en el año 1997. En agosto del 2008 se implementó formalmente en Guatemala; hasta ahora se han construido más de mil 600 viviendas de emergencia en varias comunidades del país, entre estas algunas ubicadas en Chuarrancho, Palencia, San Juan Sacatepéquez, Jalapa, Escuintla y Zacapa.
UTPMP Guatemala realiza varias visitas al asentamiento previa selección de las familias. Durante estas visitas, se aplica una encuesta a todas las familias interesadas en participar en el proyecto.
Esta encuesta toma en cuenta diversos criterios sobre las características socioeconómicas (ingresos, tamaño de la familia y composición, condiciones de salud, acceso a redes sociales) así como del estado de la vivienda.
El terreno donde se construye es el mismo terreno donde actualmente viven las familias. Con la excepción de aquellos casos donde las familias sean reubicadas fuera de una zona de riesgo.
La vivienda es vivienda trasladable en el caso que sea necesario. “Un Techo Para Mi País no busca afianzar los asentamientos precarios, sino proveer de un lugar transitorio que impulse y resguarde, a las familias, durante el periodo de búsqueda de la mejoría de su situación actual”.
Se construye una vivienda prefabricada de 18m2 (3m x 6m), piso y paredes de madera y techo de lámina. Los paneles son prefabricados por diferentes aserraderos. El precio es de mil 300 dólares, de los cuales la familia paga Q800, mientras que el resto es financiado por empresas y donaciones individuales.
Un Techo Para Mi País obtiene ayuda económica a través de alianzas con empresas, donaciones de particulares y fondos de organismos internacionales, así como campañas y eventos de recaudación de fondos.
La propuesta del Estado
Las soluciones habitacionales tienen un costo por unidad que va desde 26 mil quetzales –vivienda mínima– para las cuales el gobierno otorga un subsidio de 20 mil quetzales y las familias dan el aporte previo establecido de aproximadamente 6 mil quetzales.
Estas casas se construyen para familias en condiciones de emergencia o pobreza extrema, hasta viviendas construidas por la iniciativa privada con precios de hasta 200 mil quetzales para lo cual se otorga el subsidio de GOFUAVI como pago parcial o total del enganche.
El costo administrativo de Foguavi representa un 5 por ciento de los fondos para inversión, es importante resaltar que dentro de los procesos de transparencia impulsados por el Ministerio uno de los objetivos es optimizar dicho porcentaje en función a los resultados de la institución.
El CIV anunció que implementará unos tres modelos de intervención para atender el problema:
1. Subsidiando la tasa de interés: las familias no propietarias que tienen ingresos fijos provenientes de empleos formales podrán optar a la compra de una vivienda con todos sus servicios, que sea asequible a sus ingresos mediante el subsidio a las tasas de interés.
2. Mejorando las viviendas: El déficit de vivienda cualitativo se reduce a través de un subsidio directo a las familias que ya son propietarias de una vivienda pero que requiere de mejoras para elevar la calidad de vida, para ello el Programa “Mejoramiento de Barrio”, será de gran ayuda pues les permitirá hacer mejoras, complementos o pequeñas ampliaciones en sus viviendas.
3. El Programa “Piso y Techo Digno”, ofrecerá a las familias en pobreza y pobreza extrema una solución básica de vivienda, con techos de lámina reforzada y piso de concreto. Dadas las condiciones precarias de estas familias, este es un proyecto de alto impacto en comunidades rurales del país.