Guatemala es un país marcado por las desigualdades sociales en diferentes expresiones. Las diferentes realidades de lo rural y lo urbano con sus contrastes en términos de pobreza y pobreza extrema; de pueblos indígenas y no indígenas, de grupos vulnerables y aquellos que no tienen esta exposición y si se hace un análisis más fino se llegan a determinar grupos poblacionales mayormente desiguales como los niños y niñas menores a 5 años; las mujeres indígenas adolescentes; los ancianos y ancianas y los grupos de enfermos crónicos, sin cobertura de la seguridad social, que son grandes cantidades de personas.

Dentro de este sobre resumido panorama de desigualdad resulta comprensible que los pueblos indígenas constituyan los grupos con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema y que mantienen condiciones de sobrevivencia que les hace muy difícil cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias. Estas condiciones de sobrevivencia se encuentran vinculadas a la práctica de la agricultura buscando solucionar problemas de su seguridad alimentaria, lo cual los deja en situación de subsistencia, sin posibilidades de generar excedentes, reproduciendo los esquemas de pobreza que resultan ancestrales.

Cuando la asistencia del Estado se configuró en los años 90, se hizo a través de un fondo, que no sólo contara con recursos financieros para propiciar la regularización, sino además que pudiera constituir una instancia para la compra y venta de tierras y a partir de ahí la entrega de tierras a beneficiarios que tendrían que cubrir con su producción y venta las amortizaciones y los pagos de interés correspondientes. Lamentablemente con el Fondo de Tierras también se internalizó la corrupción y aquella entidad diseñada para propiciar un mercado activo de tierras, facilitando las operaciones de compra y venta, desarrollando la oferta y la demanda y con ello una determinación más baja en el precio de las tierras; se perdió en la negociación oscura; las compras amañadas, un cuerpo colegiado no sólo sin cambios, sino por demás trabajando en la opacidad y en la irresponsabilidad, comprando tierras con suelos infértiles, con lo cual la entrega a las organizaciones campesinas resulta una farsa, además que el número de fincas compradas por año es una cantidad vergonzosa y se deja a los campesinos con una propiedad con suelos carentes de producción y con una carga financiera onerosa.

Este fracaso del Estado en atender una de las demandas más ancestrales de su población, demuestra que no se han buscado soluciones eficientes, sino que al contrario las mismas se han postergado y amañado, desde una lógica ideológica absurda y por demás desfasada -desde aquellos que continúan con la añoranza de la reforma agraria y los otros enfrascados en no ceder un ápice en la discusión sobre la tierra-, con lo cual la situación de desigualdad de las personas que trabajan en la agricultura en francas condiciones de subsistencia, se ha agudizado y se mantienen vigentes sus reivindicaciones sociales.

Sin embargo, a ellos también se las ha criminalizado; se les ha ninguneado; se les acusa de paralizar el desarrollo; pero no se toma en cuenta que tampoco se les han resuelto sus demandas y de ahí tanto el significado de sus manifestaciones no se ha comprendido, ni se quiere comprender; y la interpretación de las mismas también cae en el rechazo, la negación y la criminalización.

No se puede seguir ocultando una realidad tan dramática como la de los pueblos indígenas y los campesinos agricultores, no se puede continuar negando una realidad que nos golpea en la cara y que demuestra que sus solicitudes y sus manifestaciones son legítimas y que las mismas devienen de 500 años de resistencia, de explotación y de despojo.

Por lo tanto, la interpretación de estas expresiones de malestar debe ser analizada con seriedad y mucho más allá de consideraciones ideológicas. Estas dramáticas condiciones de vida de una significativa cantidad de compatriotas son personas con familias, esposos y esposas con sus hijos y ancianos, ellos demandan atención, estos grupos de población merecen y exigen dignidad ante todo.

*Hoy hace un año tuve la oportunidad de iniciar esta agradable actividad de columnista de opinión, por lo que quiero agradecer a La Hora como medio que me ha permitido expresar mis opiniones de diversa índole. Agradezco a Oscar Clemente Marroquín, quien me abrió esta posibilidad, a Ana Lucía Leiva, quien es el apoyo constante en el envío de las notas y a los editores a quienes no conozco, pero sé que han colaborado en la edición de mis columnas. Muchas gracias a editores gratuitos, amigos, amigas y gente que sin conocer me ha manifestado que me leen semanalmente.