Enrique Leal, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, concedió una entrevista en la que expone el trabajo que realiza la actual administración en materia de reinserción. Las respuestas se trasladan con exactitud y apego al lenguaje utilizado por el funcionario.
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¿Qué programas de reinserción social impulsa la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS)?
La reinserción es una política institucional basada en la Ley Pina (Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), que busca dar herramientas a los adolescentes para generar un proceso de conocimiento, aprendizaje, educativo, espiritual, ocupacional, que los haga productivos después del cumplimiento de su privación o de la sanción impuesta por un juez.
¿Cuáles son esos programas?
Cuando tomamos posición del cargo, encontramos algunos programas que para mí son bastante superficiales, aunque cumplen una función basada en el mandato legal que la SBS tiene. Estos programas tienen que ver con los estudios educativos que los adolescentes que ingresan al sistema de privación de libertad, puedan accesar a programas educativos que los hagan de alguna forma avanzar en su proceso de reinserción, valga la redundancia, a la sociedad, aquí hay estudiantes desde primaria a bachillerato y algunos que están en grado para estudiar en la universidad.
¿En qué consisten esos programas?
Los programas de reinserción y resocialización, tienen que ver con dos estructuras legales en donde el juez impone sanciones; una es de privación de libertad y la otra es cuando el juez establece medidas socioeducativas, las dos tienen funciones distintas, porque unos en tanto están privados de libertad, los otros tienen un régimen abierto, son sancionados pero no están privados de libertad. Hay algunos pocos que tienen una doble sanción, son privados de libertad, pero tienen régimen semiabierto, es decir pueden salir del centro de internación y generar los programas socioeducativos.
Los programas de medidas socioeducativas, que sería bueno que los separaran uno del otro; uno es la reinserción y la otra es la resocialización, son dos cosas distintas. Los privados de libertad, dentro de su cumplimiento de sanción, las terapias ocupacionales, educativas y espirituales, cada uno de ellos tiene un componente que le voy hacer llegar por escrito, que tiene que ver cuántos de ellos están en cada grado y qué tipo de terapias ocupacionales reciben.
Existen señalamientos de que por varios años la Secretaría no cumple con un papel rehabilitador. ¿Cuáles son los compromisos para cumplir el papel que le corresponde?
Es un gran desafío porque nunca se ha medido la reinserción, la resocialización, de la manera como debe ser. La reinserción no es porque un adolescente cumpla una sanción. La reinserción tiene que tener el componente de darle seguimiento después de la sanción. No se llevan estadísticas de cuántos de estos adolescentes que cumplen su sanción han reingresado al sistema de adultos, a través del Sistema Penitenciario (SP). Eso tiene que ver a la falta de una política de seguimiento de la sanción; primero porque el mandato de la Secretaría es acompañarle durante el tiempo de su sanción, pero luego no hay seguimiento por parte del Estado.
La Secretaría no lo puede hacer sola, porque no hay los suficientes recursos, pero hemos entendido que hay algunas organizaciones civiles que si le dan esa oportunidad a expandilleros que han salido y cumplido su sanción; hablo de Alianza Joven, que ha implementado actualmente a través de un programa de USAID, de empleabilidad, un programa de remoción de tatuajes que permite reinsertar al adolescente en un contexto que es bastante adecuado.
Hace algunas semanas hubo problemas en las Gaviotas. Las madres de familia y algunas organizaciones denuncian abusos principalmente por parte de los monitores, e incluso mencionan a un hombre apodado “el Bejuco” que supuestamente agrede con descargas eléctricas a los adolescentes, y la situación puede ser similar en otros centros. ¿Ya conoce estas denuncias? ¿Qué papel juega la Secretaría?
Primero, hay que investigar los hechos. Segundo, establecer como lo hemos hecho a través de organizaciones como UNICEF, que no es fácil tomar una administración en donde ya existe una forma de direccionar el quehacer institucional; cuando uno toma dirección lo que busca es reacondicionar, hacer un diagnóstico y tomar las decisiones pertinentes para mantener el respeto a los derechos humanos de los adolescentes, yo no puedo decir al día de hoy que haya sucedido lo que usted me comenta, son denuncias que no han sido comprobadas; en lo que sí he sido muy tajante y esta administración lo ha sido, es que ningún adolescente puede ser sujeto de tortura o de maltrato, eso es una línea de gobierno.
Lo que sí es importante hacerle ver a la sociedad es que los planes educativos tienen que ir direccionados a mantener una actitud disciplinada de los adolescentes; disciplina no es igual a maltrato o abuso físico, eso no es igual, no puedo hablar de la administración pasada porque no la conocí. Puedo decirle que hemos hecho cambios en todos los centros de los nuevos directores y subdirectores, no ha quedado ni uno solo de la administración pasada.
¿Esas remociones se hicieron por anomalías en el trato a los adolescentes?
Por supuesto, se hacen porque es necesario oxigenar las instituciones basadas en el respeto a los derechos humanos y siguiendo lineamientos de organizaciones como UNICEF, hemos sido la única administración que desde el inicio, ha capacitado a los nuevos directores que toman posesión; eso garantiza que sean respetuosos a la ley y que conozcan la materia que les faculta para administrar los centros, no solo los directores, también los monitores tienen que conocer cuáles son los derechos de los adolescentes y las sanciones que se deben aplicar de manera disciplinada conforme establece la ley.
¿Si comprueban o establecen algún abuso qué medidas van a tomar?
Tendríamos que denunciar a los órganos competentes.