Los parlamentos europeos, ejemplos de efectividad en las negociaciones políticas de sus grupos, son especialistas en establecer temas de interés de sus respectivos países. No discuten en el Pleno de manera informal sobre las iniciativas o los asuntos del orden del día, ni suenan megáfonos o enseñan camisas, mucho menos tienen a un funcionario recién nombrado para interrogarlo, solo con el propósito de desgastarlo o desesperarlo.
Se establecen debates y disertaciones técnico-políticas, para que quede registrada la anuencia u oposición a una agenda legislativa que es pública y que a todas luces es de una alta calidad.
¿Quién no quisiera ver a los legisladores guatemaltecos con esa distinguida capacidad técnica de esos Congresos, en donde los oradores y disertantes son escogidos por su conocimiento, carisma y calidad técnica? Pero en realidad lo que vemos es la impotencia de alcanzar acuerdos fuera del pleno y por ende, ante la necesidad de las sesiones plenarias, se traslada a dicho foro una discusión que muchas veces deja esa sensación de informalidad, algo que la población guatemalteca no acepta ni le agrada. Y es que en realidad las discusiones que rondan el Congreso de la República debieran darse con extraordinaria convicción dentro de las comisiones legislativas, acompañada de asesores específicos y políticos, que faciliten los acuerdos entre los parlamentarios, pero con la meta de lograr un país mejor para todos. También puede ser que existan discusiones en las bancadas de cada partido, es decir que aun cuando exista disciplina de mando partidario o una línea legislativa ya establecida, es legítimo que diputados cuestionen técnicamente o disientan del liderazgo que se ejerce, aunque solamente alcance para modificar esa línea o bien hacer reflexionar sobre la ruta establecida.
La instancia de jefes de bloque, comisión de naturaleza permanente e indispensable del Organismo Legislativo, es quizá el motor más importante que debe estar afinado para alcanzar estos resultados. Es el lugar en donde las ideas, agendas y propuestas fluyen para lograr metas del Congreso, y en donde posteriormente se programan los tiempos y formas idóneas para llegar al Pleno con los consensos necesarios. Quizá no exista ese acuerdo siempre, pero por lo menos la discusión es de altura y si por estrategia política o ideología no compartida, no se puede o debe apoyar las propuestas, por lo menos hay oportunidad, espacio y razón para discutirlas, en lugar de bloquearla o atrasarla. Y es que dentro de las facultades del Congreso y de los diputados, está el control de pesos y contrapesos consagrado por los franceses siglos atrás, pero ese control debe ser lógico, justificado y asertivo, para que las acciones de un funcionario citado al más alto órgano legislativo del país, puedan ser evaluadas fácilmente, y por ende darle un voto de falta de confianza, o bien dejarlo tranquilo para que siga haciendo su trabajo, luego de haber aprobado el examen político. Lo que sí es cierto es que ese mecanismo de control legislativo, cuyo derecho no se niega, requiere que sea muy profesional y por sobre todo, con un parámetro de cuestionamiento político, no jurídico. Si existe violación de ley, otras son las instancias para la denuncia, siempre y cuando existan los medios de pruebas reales. Por eso es indispensable que justicia y política no se mezclen jamás.
Un nuevo Congreso de la República se eligió para el período 2012-2016, y los guatemaltecos y guatemaltecas deben exigir que su trabajo no sea absorbido por los vaivenes o enojos político-partidistas, sino que se alcance una verdadera agenda legislativa de calidad, que atienda las incidencias del país como la pena de muerte, el desarrollo social, la transparencia, las relaciones internacionales, entre otras muchas. Sin ese esfuerzo de nuestros legisladores, el país navegará sin rumbo y el reclamo social seguirá creciendo, esperando que no alcance niveles de intolerancia que afecten a todo el país.