En el idioma inglés existe la palabra “accountability”, que no tiene una traducción específica al español. Sin embargo, al hacer una traducción de su definición, podemos llegar a lo siguiente: condición de ser responsable y poder ser requerido para explicar o justificar sus acciones o decisiones. “Accountability” es un término que puede aplicarse a personas y organizaciones.
Simplificando la definición, podríamos definir que “accountability” es responsabilidad y rendición de cuentas. De esta forma, en un Estado Republicano como Guatemala, son la independencia de poderes, su control recíproco y el imperio de la ley, los garantes de esa responsabilidad y somos los ciudadanos quienes participando activamente en la vida del país, debemos exigir la rendición de cuentas por parte de quienes ejercen el gobierno en cualquier nivel.
Luego de la aprobación del llamado paquete fiscal, también se ha venido hablando del paquete de transparencia, que incluso ha sido comentado brevemente en alguna de mis anteriores columnas. Esta última semana también hemos escuchado acerca de una sorpresiva iniciativa de ley del diputado Baudilio Hichos de la UCN, con el fin supuesto de “establecer una remuneración justa y decorosa para los funcionarios públicos temporales y de gobierno durante el ejercicio de su cargo”, según citan medios de prensa.
Cabe destacar que con esa iniciativa, los más beneficiados serían los diputados con un aumento salarial de alrededor del 40%, mientras que otros cargos verían sus salarios disminuidos en porcentajes aún mayores. En principio, el hecho de regular los salarios de los funcionarios públicos podría ser bueno, pues puede ayudar a ordenar las cosas.
Sin embargo, en la situación actual del Congreso de la República, en la que se ve falta de interés e ineficiencia de parte de los diputados en el cumplimiento de sus funciones, no es factible aprobar esta normativa. En este momento, cuando los ciudadanos vemos con coraje cómo los diputados parece que hacen lo que se le da la gana (con honrosas excepciones), no es posible, e incluso parece un chiste de mal gusto el buscar la aprobación de una normativa como esta, que no es más que un aumento de sueldos evidente, ni siquiera solapado.
Este aumento de sueldos consumiría alrededor de 80 millones de quetzales por cada período legislativo, de mantenerse igual el número de diputados. Q 80 millones que son casi 17 veces lo que el gobierno anterior asignó para inversión en obra pública al municipio de San Juan Atitán, el que tiene mayor desnutrición en todo el mundo, en su último año de gestión.
Es tan bárbaro este aumento, que equivale a lo que el Ejecutivo tiene asignado en promedio, para invertir en el plan hambre cero en 7 de los municipios más pobres de Guatemala durante los años 2012 y 2013.
Por favor, señores diputados, ni se les ocurra en este momento aumentarse el sueldo, Guatemala no está para eso. Lo que necesitamos es disciplina en el gasto, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Urge un alto a la corrupción y al despilfarro. No más crecimiento irresponsable del gasto, apostemos por un congelamiento del mismo durante los próximos años hasta que el presupuesto de ingresos de la Nación, alcance al de los egresos y podamos seguir adelante sin aumento de deuda.
Guatemala tiene muchas necesidades que deben ser priorizadas, para que con el dinero de todos, puedan ser atendidos los que verdaderamente necesitan apoyo. Señores funcionarios, sean responsables. Ciudadanos, participemos activamente y exijamos esa responsabilidad y la rendición de cuentas que nos deben. ¡Adelante, ciudadanos, no nos quedemos con los brazos cruzados y exijamos transparencia y eficiencia!