El padre adoptivo de una niña presuntamente robada identificó plenamente a la monja investigada por su implicación en una trama de robo de bebés que ha conmocionado a España.
Alejandro Alcalde acudió en calidad de testigo a los juzgados de Madrid. En su declaración, identificó a sor María Gómez como la monja que le entregó una niña en adopción.
Según Alcalde, la religiosa, que trabajaba de asistenta social en una maternidad, les dijo que se trataba de un menor abandonada por su madre, María Luisa Torres, que luego denunció que su hija le fue arrebatada bajo amenazas.
Aunque no pagó por la adopción, Alcalde relató que tuvo que hacer frente a una factura de 80 mil pesetas (unos 590 dólares al cambio actual) por gastos de quirófano y los 60 días que la bebé permaneció hospitalizada en una incubadora.
«Nos dijeron que la madre era una chica joven, que no tenía medios y que quería dejarla en adopción», expresó Alcalde a los numerosos medios de comunicación congregados a la puerta de los juzgados.
Aquel bebé es hoy una mujer de 30 años, que logró encontrar a su madre biológica tras una búsqueda intensiva en la que contó con la ayuda de su padre adoptivo. Torres argumentó en su denuncia que la monja le quitó a su hija «por adúltera».
«Estoy feliz que todo esto haya salido a la luz. Mi hija está feliz y yo estoy feliz», señaló Alcalde.
Gómez, quien ayer se negó a declarar ante el magistrado, rechazó posteriormente las acusaciones en una carta dirigida a los medios de comunicación.
La religiosa, de 87 años, es la primera persona investigada en España por una red que se cree robó bebés de las salas de maternidad hospitalarias y los entregaba ilegalmente en adopción a cambio de dinero.
Para perpetrar los robos, hacían creer a los padres biológicos que sus hijos habían muerto poco después de nacer. En otras ocasiones, simplemente los arrebatan bajo amenazas y a los padres adoptivos se les decía que eran bebés abandonados.
Los casos investigados abarcan desde la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) hasta mediados de los años 80, bien entrada la democracia.
En total, se han presentado mil 500 denuncias en las fiscalías de todo el país pero todavía no se ha podido cuantificar el número de afectados por estos hechos, en los que supuestamente están implicados religiosas, enfermeras, empresarios, médicos y abogados.
El gobierno anunció ayer que creará un censo de posibles niños robados desde los años 40 hasta los 90. Además, se admitió que las pruebas de ADN que algunos posibles afectados se hicieron por su cuenta se incorporen a la base de datos pública del Instituto Nacional de Toxicología para su cotejo.