El Procurador es un comisionado del Congreso para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. La comisión del Congreso es la primera en violar la ley al querer prorrogar el período del actual Procurador. Muchos gobernantes y empleados públicos violan la ley ante la indiferencia de la población.
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Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Suena bien, pero no es real ni efectivo, el Estado ni la mayoría de sus funcionarios están enfocados en cumplir este deber.
Al ser decretada, los representantes del pueblo de Guatemala, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, decretaron la Constitución de la República decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho. La Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos del Congreso son ahora los que no actúan con apego al Derecho.
Este es el comportamiento consistente de muchos funcionarios, violar la ley. Ellos superiores a la ley. Por eso el país y su gobernanza están por los suelos. Solo padres y adultos responsables con convicción pueden luchar contra el cáncer del irrespeto a la ley.
Para permitir que los ciudadanos pudieran velar por la sanción de cualquier infracción a sus derechos humanos, los Constituyentes dejaron previsto que la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna.
Incluso dispusieron que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.
Para ampliar el espectro de protección de los derechos humanos se establece en la Constitución el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
A diario hay violaciones a la vida y a la libertad. Según las estadísticas existe una impunidad (ausencia de castigos por violaciones de ley) en más del noventa y cinco por ciento de los casos que llegan a los tribunales no existe una real impartición de justicia y los habitantes no tienen seguridad jurídica de sus actos, ni las normas vigentes son respetadas.
Miles de niños no gozan de educación pública idónea y periódicamente los sindicalistas del magisterio se aseguran que los niños no tengan clase. El sistema de salud pública está en muy mala situación y hay ausencia de las condiciones económicas y sociales para promover el desarrollo integral del guatemalteco.
La ley dispone que el Procurador será electo para un período improrrogable de cinco años. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso propone que se vuelva a elegir al actual Procurador. ¿Cómo puede ser posible? Muy fácil, estamos en Guatemala donde la ley es irrelevante. Impunidad casi 100%. La ley dispone que el período no es prorrogable. ¿Y el respeto a la ley? ¿Cómo puede ser Procurador de Derechos Humanos una persona electa en franca violación de la ley? Porque estamos en Guatemala donde la institucionalidad esta por los suelos y los ciudadanos indiferentes mientras no les afecte directamente a ellos.
Estos favores son los que explican porqué el actual Procurador de los Derechos Humanos no ha batallado de manera férrea todos los días contra la impunidad. La impunidad es uno de los peores males que impide la vigencia de los Derechos Humanos. ¿Qué interés tiene el Congreso porque se respete la ley? ¿Qué interés tienen los partidos políticos que designan a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y qué interés tiene la misma Comisión?
¿Dónde está el derecho a la seguridad jurídica si la Comisión es la primera en violar la ley al proponer que el período del actual Procurador sea prorrogado?
Mientras los ciudadanos no le den la importancia suficiente a estos abusos y estén dispuestos a actuar masivamente, un pequeño grupo de personas que abusan del sistema y de la indiferencia del Pueblo mantendrán en sus manos el destino de la gobernanza del país. Pequeños actos como éstos son los que le dan a ese pequeño grupo la influencia que necesitan en el sistema de Justicia, en el Congreso y en muchas otras áreas del gobierno. ¿Hay voluntarios para oponerse a este nuevo abuso? Si tiene interés en oponerse envíen un correo electrónico a alfonso.carrillo@meimportaguate.org