Se espera que esta semana el juez Primero de Mayor Riesgo B resuelva si es procedente o no enviar a juicio al exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt, luego de que el pasado 28 de marzo el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, presentara la acusación formal en su contra, al considerar que existen los indicios suficientes que implican al general retirado, quien es sindicado de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por la masacre ocurrida en el Área Ixil.

Para el jueves 12 se tiene prevista la audiencia de apertura a juicio; sin embargo, existe la posibilidad que se suspenda a causa de una recusación contra el juez a cargo, Miguel Ángel Gálvez, la cual debe resolver la Sala Primera del Ramo Penal.

No obstante, deben resolverse también siete recursos planteados por la defensa de Ríos Montt, en donde destaca la pretensión de inhabilitar jurídicamente el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), donde según los abogados defensores se manifiesta que no es necesario probar la intencionalidad para la comisión del delito de genocidio.

El expediente del MP consta de 300 folios aproximadamente, y en él se adjuntan medios de prueba documentales y escritos, que contienen declaraciones testimoniales de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de pobladores del Triángulo Ixil.

SANDRA TORRES

Para el próximo viernes 13, en el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, a cargo de Jiselle Reynoso, se espera que el Ministerio Público presente la conclusión de sus investigaciones en contra de la ex primera dama, Sandra Torres Casanova.

Este día, el MP deberá demostrar a la jueza si existen indicios suficientes para procesar a Torres, quien es sindicada de los delitos de violación a la Constitución, desobediencia, incumplimiento de deberes, usurpación de funciones y usurpación de calidad.

No obstante, en este caso, la jueza también está recusada, pues la defensa presentó el recurso al considerar que no se han respetado el proceso ni la igualdad procesal.

También se espera que este día se conozca, si a Torres se le levanta el arraigo dictado, luego de que el ente investigador considerara que existía peligro de fuga.

El proceso que se sigue en su contra es por la denuncia presentada en el 2010, por la ahora vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando era jefa de bancada del Partido Patriota, por la negativa de Torres de presentar datos de los programas sociales.