La propuesta inédita de Guatemala para despenalizar las drogas en la región, que se impulsa desde el Gobierno con un importante respaldo social, conllevaría un análisis de las leyes que criminalizan las actividades vinculadas con los narcóticos. Académicos y expresidentes habían planteado el tema, pero nunca un Presidente en el ejercicio de su función.

Expertos y diputados consideran que se debe desarrollar un debate nacional, incluyendo a las instituciones de Estado y la sociedad, para conocer el trabajo legislativo a  realizar en caso de que avanzara la iniciativa. ¿Es momento de analizar el entramado legal?

A la par del diálogo político sobre la despenalización de la droga –que hasta ahora tiene el rechazo de Estados Unidos y la indiferencia de los Presidentes centroamericanos, pero un importante respaldo social–, también se debe discutir en el contexto jurídico y normativo de la propuesta, ya que esa iniciativa básicamente se basaría en una reforma de la legislación para revertir las normas que castigan las actividades que involucran a los narcóticos, refiere el abogado penalista Iván Ochoa.

“Se debe establecer una mesa de diálogo en la cual los tres organismos del Estado pudieran entrar a discutir los beneficios o perjuicios que podría traer la despenalización de las drogas” y, además, incluir a la sociedad civil, “ya que cada quien en su rama y en sus facultades tendrán sus propias experiencias”, comenta el experto, para que a partir de ahí se pueda hacer un planteamiento más concreto a la región.

Por su parte el abogado Ramón Cadena, quien a pesar de considerar la iniciativa “poco viable”, considera que en todo caso el diálogo debería ser extensivo para Centroamérica, ya que solo una posición conjunta de la región funcionaría para luchar contra el narcotráfico.

“No podríamos plantar una despenalización de un solo país, porque sería aislarse. Dentro de la propuesta del presidente Otto Pérez Molina no se ha planteado qué se va a despenalizar, si es solo despenalizar el consumo o solo el tráfico”, indica Cadena.

En el Congreso no hay claridad en cuanto a las posturas a favor o en contra de despenalizar, aunque sí hay coincidencias en cuanto a la necesidad de discutir el tema para profundizar en las implicaciones que conlleva la propuesta.

LA LEGISLACIÓN

El diputado José Alberto Gándara Torrebiarte, de la Comisión legislativa de Legislación y Puntos Constitucionales, explica que existen dos decretos fundamentales que hacen referencia a la narcoactividad, en los que se penaliza el cultivo, consumo, y la comercialización de las drogas. Se trata del  Código Penal, Decreto 17-73, y  de la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-02.

El Código Penal, en el artículo 306, señala que será sancionada toda persona que siembre o cultive plantas de las que puedan extraerse fármacos, drogas o estupefacientes. Las sanciones serán de tres a cinco años y multa de 500 a 5 mil quetzales.

El artículo 307 indica que serán sancionados con prisión de tres a cinco años quienes ilegalmente introduzcan al país fármacos, drogas o estupefacientes o productos destinados a su preparación, o “quien sin estar autorizado, vendiere, entregase, transportare o suministrare drogas”.

El mismo decreto señala que se verá sancionado todo facilitador que trafique o consuma dichas sustancias y, además, será condenado todo individuo que introdujera a otra persona al consumo de estupefacientes o contribuyere a estimular o difundir el uso de dichas sustancias. Las sanciones de estos dos casos serán de cinco años y multas de Q5 mil.

El concepto de tránsito internacional que establece la Ley Contra la Narcoactividad se refiere cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro.  Además, esa misma Ley establece que toda persona sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, plantas o de cualquier medio que se pueda extraer drogas que produzcan dependencia física o psíquica.

Las sanciones estipuladas en este decreto oscilan entre los 5 a 20 años de prisión; de igual forma, se verá sancionada con multas que ascienden a montos de Q10 mil a Q1 millón.

Hasta el momento la Ley Contra la Narcoactividad castiga de igual forma a todo aquel que comercialice, trafique y almacene cualquier tipo de estupefacientes de forma ilícita. Asimismo, será condenado toda aquella persona que tenga posesión para el consumo, fomente el uso de las mismas.

“El que sin autorización legal adquirida enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de trafico de semillas, hojas, plantas, florescencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes psicotrópicos o precursores, será sancionado”, señala normativa.

No obstante, Cadena reitera que además de las leyes antes mencionadas, el análisis jurídico de la despenalización de las drogas implicaría hacer una revisión profunda de las normativas y los acuerdos suscritos por instituciones oficiales y de los documentos firmados por representantes del Estado.

 “Para llegar a despenalizar ampliamente y en forma general la producción, la comercialización y el consumo sería necesario realizar diversas reformas penales y de tipo delictivos, y probablemente también tratados que se han realizado sobre dicho tema y la propia Constitución de la República”, explica el jurista.

Según Ochoa, sería importante determinar lo conveniencia de despenalizar y cómo se podría trabajar, “porque hay aspectos importantes como el productor, el transportador y el consumidor. Entonces cómo se va a generar la despenalización, en el sentido de si esta se va a dar desde quien la produce o solo a quien transporta o consume”.

EN EL CONGRESO

Manuel Barquín, diputado de la Gran Alianza Nacional, considera que la despenalización “se debe poner sobre la mesa de discusión” a nivel nacional. “Es un tema muy delicado. La propuesta de la Gana es que si algún día, después de ser discutido por ciertos sectores se mira cierta viabilidad, entonces se debería someter a una consulta”.

“Esta es una discusión de muy alta decisión política y la Constitución de la República dice que todas aquellas decisiones del gobierno debe someterse a la consulta de la población”, indicó Barquín, quien valora el diálogo como “primer paso” en la búsqueda de nuevas estrategias para la seguridad, aunque aclaró que personalmente no considera viable la iniciativa.

Por aparte Nineth Montenegro, secretaria general de la bancada Encuentro por Guatemala, considera que en un Estado débil y no institucionalizado como el de Guatemala, es difícil hablar sobre despenalizar la droga.  Según la parlamentaria, no existen instituciones fuertes para la aplicación de justicia que garanticen una respuesta adecuada a esa iniciativa.

 “Esto podría caer en una suerte de crisis, que puede afectar a la sociedad guatemalteca. No somos como Holanda, donde las personas adictas tienen centros de rehabilitación; este país no tiene para la gente más pobre en medicamentos”, indica Montenegro.

Pero a criterio de la diputada, la despenalización es un tema que se debe debatir para encontrarle una salida a la inseguridad que genera el narcotráfico “porque no podemos quedarnos cruzados de brazos”, y en ese sentido lo más importante es “sacarse los temores y sacarlo a debate”.

Guatemala es un país clave en el trasiego que son las drogas y por eso necesario que se realice un análisis político y jurídico a nivel regional, apunta Ochoa, quien considera imprescindible que el resto de países se sumen al diálogo.

“Antes de hacer un acercamiento a lo jurídico es necesario empezar con acercamientos políticos a nivel centroamericano, porque tenemos que estudiar si a nivel internacional que tanto nos conviene, porque Guatemala no puede ser un parche en el trasiego de la droga”, concluyó.