Cuando el presidente Otto Pérez Molina propuso incluir, en el debate internacional sobre drogas, la opción de despenalizar la producción, el comercio y el consumo de esos productos, desafió al actual presidente de aquella nación que, con arrogancia infernal, posee el más cuantioso mercado mundial de la drogadicción.

Aludo al presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, cuyo gobierno parece multiplicar, con tanta obstinación como inutilidad, su esfuerzo imperial por penalizar la producción, el comercio y el consumo de drogas.
    El desafiado, es decir, el presidente Obama, tiene poder suficiente para imponer su oposición a la despenalización; pero tener el poder no necesariamente es tener la razón. Y el presidente Obama no la tiene, porque puede demostrarse que la penalización han sido la causa de próspera producción, expansivo comercio y creciente consumo de drogas. Tiene la razón el desafiante, es decir, el presidente Pérez Molina. La tiene porque el fracaso absoluto de la penalización le confiere sensatez a proponer que, en el debate sobre medios para combatir la producción, el comercio y el consumo de drogas, se incluya la opción de despenalizar.
    La propuesta del presidente Pérez Molina, de debatir sobre la despenalización, no ha fracasado. Por supuesto, no es un fracaso que, en el reciente foro sobre nuevos medios de combatir el narcotráfico, celebrado en Antigua Guatemala, y promovido por el presidente Pérez Molina, no haya participado el presidente de El Salvador, Mauricio Funes. ¿No le debe al gobierno de Estados Unidos de América el favor de concederle privilegios migratorios a los salvadoreños? Ni es fracaso que no haya participado el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. ¿No le debe a ese mismo gobierno el favor de haberle reconocido legitimidad, a pesar de que un régimen gubernamental “de facto” celebró el proceso electoral en el cual fue candidato presidencial triunfador? Tampoco es fracaso que no haya participado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. ¿No le debe también a ese mismo gobierno el favor de haberle reconocido legitimidad, a pesar del sospechado origen fraudulento de su reelección? En suma: no ha sido un fracaso la ausencia de tres gobernantes centroamericanos que, so pretexto  de que en el foro se deliberaría sobre un tópico que no era el convenido previamente, conspiraron para no asistir, quizá persuadidos por embajadores de Estados Unidos de América, que evocaron los favores concedidos y prometieron nuevos favores para renovar una lealtad equivalente a servidumbre.
    El desafiante ha sido más exitoso de lo que quizá él mismo esperaba, porque William Brownfield, Asistente del Secretario de Estado para Asuntos Anti-Narcóticos, de Estados Unidos de América, durante su reciente visita a Guatemala declaró que para su país es “bienvenido” el debate sobre “despenalización”. Entonces, aunque un día antes Brownfield hubiera declarado, en Honduras, que la “despenalización” era inútil, finalmente no excluyó la posibilidad de deliberar sobre ella, y hasta declaró  que el gobierno de su país “no tiene la solución” para resolver el problema del narcotráfico; y que ese problema es “amplio”. Conjeturo que ese repentino cambio de opinión, o por lo menos de actitud diplomática, tuvo la tácita aquiescencia del poderoso desafiado.
    Post scriptum.  Las nuevas declaraciones de William Brownfield en Guatemala exhortan a predecir que, con versatilidad propia de siervos, Funes, Lobo y Ortega opinarán que es “bienvenido” el debate sobre “despenalización”.