Organizaciones de la Sociedad Civil, que conforman la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), presentaron un informe sobre el cumplimiento por parte del Estado de Guatemala de los compromisos adquiridos al ratificar dicha convención. Según el informe, hace falta mejoras para garantizar la transparencia de la gestión pública.
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David Gaitán, de Acción Ciudadana, señaló que actualmente las organizaciones de la sociedad civil se encuentran preocupadas por la situación de Guatemala frente a el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), pues en el portal de la OEA se encuentra una carta enviada por la vicepresidenta de la República, en la cual informa que el Gobierno no entregó el informe en la fecha establecida y que no se realice la visita, in situ, programada para el mes de abril.
El informe dado a conocer el día de hoy constituye un análisis interno de órganos de control superior, en lo que se refiere a su funcionamiento, autonomía, independencia, así como de otros elementos que ofrecen una perspectiva real de la situación de las instituciones analizadas, en este caso fueron, el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria.
La Convención Interamericana contra la Corrupción es una de las principales herramientas para impulsar acciones encaminadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que constituyen un flagelo para la sociedad e impide su desarrollo.
Debilidades Encontradas
Según el informe una de las principales debilidades responde al nombramiento de las máximas autoridades de los órganos de control, ya que éstas son electas en la mayoría de los casos por órganos políticos como el Organismo Ejecutivo o Legislativo, lo cual impide una verdadera independencia respecto a sus funciones.
Además, señala que los órganos de control, tienen un régimen disciplinario incipiente, que evita que la ciudadanía tenga la participación y dé seguimiento a los procesos internos de las instituciones del Estado.
El informe indica que no existen mecanismos y programas dirigidos a incentivar la participación de los funcionarios públicos en la labor de detectar prácticas corruptas y su consecuente denuncia, lo cual genera debilidad en las instituciones para los efectos del combate a la corrupción.
Las organizaciones señalan que no existe una política pública de trasparencia y lucha contra la corrupción que contenga los elementos contenidos en la CICC que constituyen un compromiso de Estado.
Además, que el control interno de las instituciones estatales es débil y poco articulado en relación con la prevención, detección, sanción y erradicación de las prácticas corruptas, lo que presenta un escenario propicio para el ejercicio de éstas.
En general, no se ha cumplido con las medidas formuladas por el comité, con relación al seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Mesicic.