En el Palacio de la Justicia del Organismo Judicial, esta mañana el presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, se reunió con el experto español en crimen organizado de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos –COMJIB–, Francisco Álvarez García, para dialogar sobre las propuestas y sus fases del Proyecto de Armonización de la Legislación Penal contra el Crimen Organizado en Centroamérica.
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En la reunión el experto español, delegado para iniciar un proyecto de homogenizar las leyes penales en la región, para que de esa manera todos los países puedan enfrentar mejor el crimen organizado, mencionó que en España, cada vez más juristas, penalistas y catedráticos universitarios expertos en el tema, están propugnando la legalización del tráfico de drogas.
Álvarez menciona que desde 1991 se puso sobre la mesa, en el país europeo, el tema de legalizar la droga.
“De todos los presos que tenemos en España, de casi 80,000, la mitad están relacionados directa o indirectamente con el tráfico de drogas; cada preso nos cuesta 35,000 euros”, informo Álvarez.
El experto también hizo énfasis en que la violencia que se afronta en Centroamérica es rentabilizada en Europa, pues es donde se consume la droga que pasa por la región.
“Lo que ustedes pagan, la violencia que ustedes tienen que aguantar, es financiada por Europa y Estados Unidos”, afirmó Álvarez.
CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA
La ubicación geográfica de Guatemala funciona como una ruta de transbordo para la droga que va de Sudamérica a Norteamérica, retornando como dinero en efectivo. Un informe emitido por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, indica que el problema no es solo del país, sino regional, pues el Acuerdo de América Central, entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que permite la libre circulación de los ciudadanos de estos países a través de sus respectivas fronteras, sin pasar por inmigración o la inspección de aduanas, representa una vulnerabilidad en cada país, pues facilita el movimiento transfronterizo de los fondos ilícitos procedentes del contrabando y del crimen.