Pocos sectores han sufrido en la historia de Guatemala como el de los campesinos pobres que prácticamente mantienen sus mismas peticiones, sus mismos reclamos, porque nunca han sido correctamente atendidos. Cuando se les pone atención, generalmente es para tratar de manipularlos y de usarlos con fines políticos, pero el fondo de sus planteamientos es consistentemente despreciado por los grupos de poder, especialmente cuando se trata de añejos conflictos por la propiedad de la tierra que se explican por la debilidad de nuestra justicia para reconocer y consagrar los derechos de quien los posee si son disputados por quien puede pagar por ellos.

Por generaciones fue una estrategia nacional mantener al campesino en ayunas de la educación y el conocimiento por aquella mentalidad de que había que evitar que reclamara derechos manteniéndolos en la ignorancia. Y esa resistencia a brindarles conocimientos ha sido un freno muy fuerte cuyas secuelas todavía se perciben hoy, aunque obviamente la existencia de organizaciones campesinas ha ido derribando esa muralla de ignorancia que fue el parapeto del sistema.

El gobierno de Otto Pérez Molina tiene ahora el primer reclamo campesino para iniciar un diálogo serio en busca de esa atención que siempre se les ha negado. Habrá que ver cuál es el rumbo que le quiere dar el régimen a su política agraria, sobre todo tomando en cuenta que muchos sectores dan por descontado que la misma será netamente comprometida con el sector privado que muestra en el agro posiblemente su reducto más conservador.

Sin embargo, creo que precisamente un gobierno como el actual tiene la oportunidad de plantear una política social que incluya al movimiento campesino que se siente defraudado por la indiferencia de autoridades y la utilización malévola de la ley para consagrar despojos que constituyen la raíz de un serio problema. En el gobierno anterior cobró notoriedad el tema del valle del Polochic y a mí personalmente me comentó el frustrado candidato vicepresidencial de la UNE, señor Roberto Díaz Durán, cómo él sirvió de enlace entre el ingenio y la esposa del presidente para lograr que se concretara el desalojo de los campesinos bajo el sencillo argumento de que esa medida era necesaria e indispensable para que pudiera concretarse la venta del ingenio a unos inversionistas extranjeros.

Ninguna consideración sobre el derecho de propiedad y las razones del reclamo de quienes fueron pintados como invasores. El arreglo fue muy pragmático en el sentido de que para concretar la venta había que lograr el desalojo y así se hizo. El entendido agarra las señas de que ese acuerdo entre los dueños del ingenio y la candidata de los pobres tuvo consecuencias en algún compromiso para financiar la campaña, porque no se puede explicar uno de otra manera que alguien tan “abrasiva” con el sector privado se comprometiera tan efectivamente para usar la fuerza en el desalojo campesino.

El caso lo menciono porque es ilustrativo de cómo hasta los que se rasgan las vestiduras hablando de las necesidades de los pobres, asumen compromisos que pasan por alto el necesario debate jurídico sobre los derechos ancestrales de propiedad si eso les conviene en determinado momento. En Guatemala se exige constantemente que haya absoluta seguridad jurídica en respaldo al derecho de propiedad, pero muchas veces ello es para consagrar un despojo avalado por un sistema judicial que no puede presumir de absoluta honestidad y transparencia. La conflictividad agraria subsiste, sobre todo, porque esa tan cacareada seguridad jurídica funciona únicamente en un sentido y no para garantizar de manera efectiva a cualquier legítimo propietario, aunque sea pobre, la pacífica posesión de sus bienes.

Ojalá que se trate con respeto al movimiento campesino y se inicie una relación de entendimiento que nos permita no solo apuntar al desarrollo, sino a la elemental justicia social que el país requiere.