Los compromisos internacionales que tiene Guatemala en materia de gestión pública, combate a la corrupción y apoyo a la transparencia son de suma importancia, pero más importante es, para un Estado en proceso de desarrollo y de un gobierno que inicia su período de ejercicio del poder político, el convencimiento interno para sus habitantes y ciudadanos, que genere confianza y le otorgue credibilidad. Esto se alcanza, empezando a tener un efectivo, honesto y juicioso gasto público.
Guatemala se ha caracterizado, desde la formación del sistema de Naciones Unidas, a ser un buen interlocutor mundial, es decir, ha generado y creado relaciones internacionales con países en distintos continentes, y ha ratificado eficientemente los tratados internacionales derivados de las corrientes políticas, económicas e ideológicas de cada tiempo (derechos humanos, tratados de libre comercio, terrorismo, etc.). Dentro de estos tratados se encuentran algunos importantes en materia de transparencia y combate a la corrupción, tanto dentro del ámbito de la ONU como de la OEA, mismos que son objeto de verificación periódica. Adicionalmente, existen otras fuentes menos vinculantes, pero igualmente necesarias para los Estados, que incluyó hace algunos años una declaración conjunta entre los Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, me refiero a los procesos denominados Foros de Buen Gobierno.
Pero estos compromisos internacionales, los cuales ejercen una rutinaria presión a los distintos gobiernos de turno, permiten, además, facilitar la comunicación entre las distintas dependencias públicas, las cuales muchas veces están desconectadas, inmersas en su gestión de trabajo o bien celosas en generar sus propios resultados, por lo que estos esfuerzos fortalecen la capacidad institucional de un país, en aras de alcanzar sus objetivos, especialmente en cuanto a políticas públicas, como la de transparencia.
Los distintos esfuerzos que se han realizado en los años recientes por las dependencias públicas, especialmente los organismos de Estado Ejecutivo y Judicial, o el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas o algunas municipalidades, han sido de alguna manera adelantos, pero no determinantes para los resultados esperados, especialmente porque muchos de ellos no tienen una base legal que les sustente o facilite su trabajo. Por ello, el paquete de transparencia recientemente recibido en el Congreso de la República constituye un verdadero avance, reconociendo que el partido de gobierno no quiso esperar más desencantos políticos y por ende, aprovechar la coyuntura de negociación que tiene con bancadas aliadas para la respectiva aprobación. El tino político, faltante y ausente en los años anteriores ahora puede ser superado gracias a ese momento político, pero la pata cojeó por el lado quizá más trascendente, al presentar proyectos que no llenan los requisitos técnicos necesarios para su aprobación, y entonces todo el esfuerzo quedó en vano. Lo bueno es como ya lo dijo el Presidente de la República, que es un punto de partida y que corresponde al Organismo Legislativo mejorarlo y aprobarlo. El Presidente y sus asesores entonces, deben dar un paso atrás y permitir que diputados y sociedad civil discutan éstas y otras leyes, que garanticen los resultados esperados.
Pero el resultado más esperado, por lo menos a nivel social, de distintos estratos, altos, medios y bajos, constituye el encauzar una política efectiva de control y eficiencia del gasto público, tomando como base muchas de las propuestas enviadas y convirtiéndolas en acciones claras y transparentes. El gobierno anterior intentó implementar un observatorio de este tipo, pero sus resultados solo ellos los conocieron, y jamás se hicieron evidentes a nivel de políticas sociales, económicas o de cualquier otra índole. Por ello, la población requiere que sus impuestos, especialmente ahora que tenemos nuevas reglas tributarias, sean invertidos con conciencia, honradez e inteligencia, algo que ningún Gobierno pasado ha alcanzado a realizar.