Que dejemos que las personas lleguen a los puestos de toma de decisiones por su capacidad y no por el “simple hecho” de ser mujeres o indígenas es un argumento muy limitado para un país como Guatemala.

¿Acaso la variable capacidad es la que ha sido tomada en cuenta para colocar a personas en la dirigencia de los partidos políticos? En cambio, se me viene a la mente el caudillismo. ¿Es la capacidad la que ha distinguido a los diputados que han llegado al Congreso? En cambio, se me viene a la mente el compadrazgo, entre otros.

En Guatemala dista mucho el ser del deber ser. Los partidos no son aquellas instituciones intermediarias entre la población y el gobierno, tampoco cuentan con amplias bases que se sientan identificadas y representadas. Muchas veces, terminan siendo grupos que representan limitados intereses de un sector.

Históricamente, la población ha sido testiga de que los “líderes” políticos no son precisamente los más inteligentes o capaces, aunque existen excepciones. ¿Quién se siente representado por un partido, diputado u otras autoridades? El desprestigio de los partidos y el Congreso es tal que, según un estudio sobre legitimidad de las instituciones en Guatemala en 2010 (Barómetro de las Américas), de 10 instituciones (entre Iglesias, medios de comunicación e instituciones del Estado), el Congreso se encuentra en penúltimo lugar de legitimidad y los partidos en último.

A las generaciones anteriores les tocó conocer a la democracia como aquella forma de gobierno que llegó a sustituir las dictaduras. A las nuevas generaciones nos toca superar este horizonte y luchar porque sea aquella donde no haya ciudadanos/as de segunda ni tercera categoría, donde todos/as participen y están representados, tengan las mismas oportunidades de una vida digna y que sean escuchados y tomados en cuenta. Que no siga siendo tutelada por mentalidades impregnadas de machismo, discriminación y exclusión.

Me parece que la legislación, en este caso, es de mucha ayuda para propiciar la participación política de grupos mayoritarios de la población como lo son mujeres, indígenas y jóvenes, históricamente excluidos del quehacer político. Sin embargo, esta no puede ni debe ser la única vía de acción. Paralelamente hay que exigir educación integral y formación política.

En este marco, es importante exigir que se construya una democracia paritaria, donde las candidaturas a cargos de elección popular den la misma oportunidad a hombres y mujeres, tomando en cuenta criterios de inclusión étnicos y etarios.

Que el argumento es que no solo por ser mujer o indígena sino por capacidad… sí, ya sé. Pero entonces, ¿cuándo llegaremos a tener muestras de capacidad, pero sobre todo de participación y representación de todos/as a manera de vivir en una democracia real? Es necesario que las y los jóvenes creamos, busquemos y luchemos por la construcción de una democracia paritaria y más real.