Este año, el sistema de justicia tiene el objetivo de emitir 9 mil 360 sentencias, solo en lo penal, lo que supone un aumento de 101 por ciento en comparación con el 2011. ¿Cómo cumplir esa meta? La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia se plantea una estrategia inédita para incrementar su efectividad, sin descuidar la calidad del trabajo y la seguridad de los operadores. Expertos urgen más agilidad en lo judicial y reconocen el papel del Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal.

Las estadísticas históricas reflejan que el sistema de justicia en Guatemala caminaba a paso lento, pero ahora dan muestras de importantes avances y las autoridades se proponen agilizar la marcha para depurar su deuda judicial, especialmente en lo penal.

De acuerdo con el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj), en el Organismo Judicial, en el ramo penal se emitieron 3 mil 362 sentencias en el año 2010 y 4 mil 663 en el año 2011, lo que significó un aumento de 38.69 por ciento.

Para este año, el objetivo es incrementar la efectividad en 101 por ciento con 9 mil 360 sentencias, señala el magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para cumplir con ese objetivo, según el togado, se desarrollará una estrategia que contempla mejoras en las judicaturas penales de todo el país, de tal manera que no se afectará la calidad del trabajo y se continuará protegiendo a los operadores de justicia de las potenciales amenazas que enfrentan.

EL PLAN
 
Barrientos explica en términos que el método para conseguir el aumento de sentencias consiste en  la mejora del acceso a la justicia y la agilización del proceso penal. En los tribunales de sentencia de toda Guatemala se tiene previsto resolver 20 casos mensuales en cada tribunal -con sentencias absolutorias o condenatorias, procedimientos abreviados u otros, en medida de resolución de casos-.

Si se cuentan 39 tribunales de sentencia, y si cada uno logra su cometido de 20 casos por mes, el resultado será de 780 sentencias mensuales, multiplicado por doce meses, serán 9 mil 360 resoluciones de casos por año.

Según Barrientos, la Cámara Penal ahora ha aumentado la cantidad se sentencias sin afectar la calidad de sus resoluciones, pues se ha establecido un tipo de sentencia que se dicta en el mismo día en que las partes llegan y exponen sus argumentos.  En base a esto se ha logrado emitir una sentencia sencilla, clara y precisa y con un número de extensión razonable, que no afecta la profundidad de caso; los juicios que se emiten en la actualidad tienen aproximadamente un número de 10 folios, mientras que antes eran de entre 20 y 40.

Barrientos comenta: “Hacemos una sentencia como la exige el sistema acusatorio, una sentencia en que la argumentación es precisa, concisa y directa. Con esto hemos superado muchas de las fallas de prácticas que se daban en la jurisprudencia. Hemos avanzado en la incorporación de conceptos penales modernos en la definición del delito y en la extensión de la autoría del mismo en los casos en los que permiten las doctrinas modernas atribuir un hecho delictivo a las personas”.

AVANCES TÉCNICOS

En el pasado, no se utilizaban las pruebas indirectas ni los indicios en el sistema de justicia, sin embargo la aplicación de estos elementos en la actualidad, junto con otros medios de prueba, ha permitido llegar con más facilidad al desenlace de los casos; estos indicios permiten que la reconstrucción de los hechos sea rápida y efectiva.

También se ven avances en la prueba inicial; la casación, que se resuelve en la misma audiencia de la vista, y la gestión oral del despacho judicial. “Esto quiere decir que resolvemos en audiencias, se cita a las partes, se escuchan sus argumentos y a continuación, se resuelve. Esto antes se hacía en 15 días o mucho tiempo después”, dice Barrientos.

 “Nos organizamos como tribunal de casación, y utilizamos e introducimos en la Cámara Penal el contenido de la gestión oral del despacho judicial, que está establecido en el Decreto 18-2010, Reformas al Código Procesal Penal Decreto 51-92 del Congreso”, refiere el Magistrado.

Barrientos afirma que con el decreto como base han logrado romper los récords históricos de casación, porque “nosotros recibimos un promedio de 900 casaciones por año, resolvimos 400 casaciones, y se declaró que no procedía el recurso porque no llenaban los requisitos técnicos que dicta la ley en unas 300, habiéndose previamente dado oportunidad para que los recurrentes pudieran subsanar los errores o efectos en su recurso”.

La Cámara Penal conoce de los procesos de mayor riesgo, de acciones de revisión, de conflictos de competencia, de procedimientos especiales de averiguación, lo que permite el  breve cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley.

Sin embargo, los avances logrados en esa instancia obedecen al trabajo conjunto con los Tribunales de Sentencia, que también han roto los moldes anteriores. Barrientos indica, que en 1999 los Tribunales de Sentencia producían un promedio de 1.8 juicios mensuales y ahora están produciendo casi 20 sentencias por mes. “Eso ha hecho que los tribunales hayan aumentado el número de resoluciones, y esto es porque se aplicó la oralidad que contiene el decreto legislativo 18-2010”, afirma.
   
También, gracias a la gestión oral del despacho judicial -según un estudio referente al tipo de los procesos, antes el esclarecimiento d un incidente duraba 70 días y ahora son 5; “no solo es el número de sentencias lo que aumenta el número de condenados, sino que también es la resolución de conflictos que permiten la fácil tramitación del proceso judicial con el sistema de gestión oral”, comenta Barrientos.

Según el Magistrado, el aumento en el número de casos que se resuelven no significa que se haya solucionado el complicado problema del acceso a la justicia; “estamos cerca” enfatiza Barrientos, “y en breve estaremos en la posibilidad de dar respuesta a todas las acusaciones que el Ministerio Público presente”, agregó.

Sin embargo, con el aumento de las sentencias nace un problema: el aumento del número de condenados en el país y con ello se incrementa el hacinamiento en las cárceles.

TRABAJO CONJUNTO

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, opina que lo importante de la estrategia, es que se haga un esfuerzo para acelerar los procesos judiciales, porque por cada caso estancado hay denegación de justicia.

 “Es importante que la Corte Suprema de Justicia busque coordinarse con el resto de las instituciones del sector justicia, como la Defensa Pública y el Ministerio Público; también con órganos auxiliares como el Inacif y la Policía Nacional, que permitan que se acelere la gestión judicial, que todo responda a una mejor organización de la administración de justicia y a una mejor coordinación entre las instituciones”.

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, comenta que esta misma estrategia se ha venido impulsando desde el Instituto, en el sentido de modelo de gestión judicial y el modelo por audiencias. “Un juez que administra su despacho solo en el ámbito de emitir sentencias y juzgar es un juez más efectivo que el que se encarga de tareas administrativas”.

Para Samayoa, la estrategia funciona bien por el incremento de efectividad que se ha visto en el Ministerio Público: “El modelo de gestión del MP siempre tuvo un 8 por ciento de efectividad y en el 2011 se incrementó al 25 por ciento de efectividad; esto debido a directrices más claras, y básicamente en la recepción de las denuncias, pues se ha descongestionado la institución al seleccionar de una manera correcta los casos que se atienden”.

“Una política adecuada del despacho judicial, la implementación del modelo de gestión por audiencias, los jueces unipersonales destinados al tema de la mora judicial más la colaboración y buena coordinación del Ministerio Público y la Defesa Pública, nos llevará a un sistema penal con mucha mejor calidad en sus sentencias y mucha mayor velocidad al absolver a una persona”, apunta Samayoa.

TRABAJO PENDIENTE

Según Barrientos, las sentencias condenatorias “no se extraen del aire”, sino que son el resultado de un trabajo conjunto de la Cámara Penal, los Tribunales de Sentencia y del Ministerio Público, que según el Magistrado, presenta mejores pruebas para comprobar el hecho sobre el que acusa, y el trabajo que ha hecho la Defensa Pública para cubrir todos los casos en los que no haya abogado defensor privado.

No obstante, hay una perspectiva más grande para que el país tenga justicia, y es que el Congreso autorizó la implementación en todos los Juzgados de Paz, un proceso llamado delitos menos graves, pero no facilitó los fondos necesarios para que pudiera funcionar.

“Se autorizó que se pusiera en marcha de manera gradual, mientras se daba el dinero, y de los más de 330 Juzgados de Paz que tenemos, solo hemos podido implementarlo en cinco.  Cuando los otros juzgados estén conociendo y tengan competencia para atender a las personas que llegan por delitos menos graves y los que lo cometen hayan encontrado una respuesta de parte de los Tribunales de Justicia, habremos dado un paso fundamental para enfrentar la impunidad”, comentó Barrientos.

Las bases legales para que el Poder Judicial de Guatemala pueda avanzar en dar respuesta a la demanda de justicia de los guatemaltecos ya están. “Ahora falta que tengamos los recursos suficientes para implementar en los Juzgados de Paz un sistema acusatorio, es decir que haya un defensor y un fiscal, además de un ambiente de oralidad en cada Juzgado de Paz de los municipios de país”, puntualizó el magistrado Barrientos.

La ejecución de este sistema acusatorio, contribuirá a que se cumpla con la mora judicial que se tiene en el país, pues los delitos menos graves que ahora conocen los Juzgados de Instancia (uno en cada departamento, los cuales les da mucho trabajo y reduce su capacidad de resolución), los atenderán los Juzgados de Paz (uno en cada municipio), y entonces habrá un equilibrio funcional para las exigencias de seguridad y justicia en el país.