El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestó su satisfacción por la condena de Pedro Pimentel Ríos, exsubinstructor de la tropa especial kaibil, señalado de ser uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982.
Para CEJIL, Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad, por la condena anunciada este lunes contra Pimentel; la decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de diciembre de 2009.
La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y CEJIL, representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.
En su sentencia, La Corte Interamericana había ordenado al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres.
Pimentel fue condenado por los asesinatos de 201 personas y delitos “contra los deberes de humanidad”; el tribunal guatemalteco le impuso una pena de 6,060 años de prisión, pero deberá purgar un máximo de 50, según la legislación nacional.
En julio de 2011, el ex militar había sido deportado por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que enfrentara los cargos penales al haber sido sindicado de participar en la masacre; la audiencia en su contra empezó el pasado 23 de febrero.
En agosto de 2011 otros tres subinstructores y un teniente de la fuerza especial Kaibil habían sido condenados por los mismos delitos; era la primera vez que un tribunal guatemalteco condenaba a miembros de las fuerzas especiales Kaibil.
Finalmente, FAMDEGUA y CEJIL valoran el accionar de las autoridades judiciales en este caso y consideran que el Estado debe continuar con estos procesos y garantizar que todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean identificados y procesados, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte IDH.